Son cinco los conflictos ejidales que convergen en torno a los bloqueos carreteros registrados en cuatro estados del centro del país desde el pasado martes y que para este jueves habrían alcanzado acuerdos para ser liberados, los cuales tienen como común denominador estar asesorados por los abogados Jorge Portilla Alba y Patricia Rodríguez Flores.
Los ejidatarios unieron esfuerzos esta semana para reclamar el pago de indemnizaciones por los predios que les fueron expropiados en diferentes casos para el paso de carreteras federales y de cuota, un gasoducto y la construcción de un parque, algunos datan desde hace más de cinco décadas.
Lo anterior, con el objetivo de ejercer una “mayor presión” a las autoridades de los estados de Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México y Puebla, en donde se registraron los bloqueos que paralizaron la zona centro del país por más de 50 horas.
En el caso de Puebla, los abogados Portilla y Rodríguez asesoran a los comuneros de San Juan Cuauhtémoc, San Martinito, San Pedro Matamoros e Ignacio López Rayón, ubicados en el municipio de Tlahuapan, en la zona del Izta-Popo.
Los ejidatarios reclaman el pago de 41 hectáreas que fueron expropiadas para la construcción de la autopista México-Puebla, la cual inició en 1958 y concluyó en 1962. De ahí que cerraran la vialidad a la altura del kilómetro 74 en ambos sentidos.
Pero también fueron los encargados de llevar los litigios de otro grupo de ejidatarios de Tlahuapan, los de Santa Rita, logrando que en 2018 el gobierno federal extendiera el pago de 176.2 millones de pesos como parte de la indemnización por la expropiación de 36 hectáreas por donde ahora para la autopista.
Su defensa jurídica se extendió a los estados de Tlaxcala, Hidalgo y Estado de México, por la construcción del Arco Norte, en un tramo del estado de Hidalgo; en la autopista Tlaxco-Tejocotal en territorio poblano; en la Apizaco-Huamantla y en un tramo de un Libramiento en Tlaxcala.
En el Arco Norte, un importante libramiento que prácticamente rodea la Ciudad de México, el bloqueo se registró a la altura del kilómetro 182, afectando el tramo que va desde San Martín Texmelucan (Puebla), a Calpulalpan (Tlaxcala).
También se registró el cierre de la autopista entre Tlaxco (Tlaxcala) y Tejocotal (Hidalgo), a la altura del kilómetro 45, por campesinos de ejidos pertenecientes a Chignahuapan, Acolihua, Mixac y San Luis Atexcal, estos últimos en Tlaxcala.
También se registraron protestas en las casetas de cobro en Texmelucan y Sanctorum.
Mientras que en el Estado de México existe inconformidad por el gasoducto que afecta a predios de los ejidatarios de Axapusco, quienes también son asesorados por los abogados Jorge Portilla Alba y Patricia Rodríguez Flores.
El secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, aclaró este jueves que el cierre en las autopistas México-Puebla y Arco Norte se debe a que existen juicios agrarios pendientes por el incumplimiento de pago a ejidatarios de sus tierras expropiadas para construir cuatro tramos carreteros y un parque en la zona del Izta-Popo.
Explicó que, en el caso del ejido de Santa Rita Tlahuapan, en 2018 un grupo de ejidatarios lograron el pago de 176.2 millones de pesos por parte de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la cual fue delegado en Puebla.
Sin embargo, ejidatarios de San Juan Cuauhtémoc, San Martinito, San Pedro Matamoros e Ignacio López Rayón exigieron un mayor pago y por ello se fueron a juicio, con la finalidad de que el juez determine el monto a pagar por hectárea.
Por ello, el presidente López Obrador señaló este jueves que existe disposición a pagar, sin embargo tendrá que ser conforme al avalúo que determinado por el gobierno federal.
En el caso del conflicto por el tramo de la Tlaxco-Tejocotal, que le corresponde a Puebla, indicó que el gobierno del estado asumiría el pago en caso de que la ley determine que está fundamentado el precio que exigen.
Y es que explicó que de acuerdo con el avalúo, la indemnización por metro cuadrado es de 15 pesos, sin embargo los ejidatarios de Chignahuapan se mantienen inconformes porque exigen que el valor sea de hasta 200 pesos por metro cuadrado.
