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jueves, noviembre 21, 2024

En total anarquía operan transportistas de Antorcha Campesina; gobierno los obligará a respetar la ley

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El último resquicio del viejo y corrupto sistema hombre-camión en el transporte público poblano se resiste a morir. Es más, el aliado del PRIAN se ha revitalizado al grado de que las autoridades no tuvieron otra opción que reconocer que la organización denunciada por presuntos vínculos criminales, Antorcha Campesina, se erigió como el agente del caos en el sur de la ciudad, en donde las unidades de sus agremiados circulan con la total impunidad.

Para entronizarse en la ilegalidad, los Antorchistas —liderados por un puñado de dirigentes que fueron señalados de obtener ingresos por la vía del crimen organizado y evasión fiscal— se han opuesto a operativos de revisión vehicular y a la aplicación de exámenes toxicológicos.

El asunto se torna todavía más complicado debido a que la Secretaría de Movilidad y Transporte estatal, encabezada por Omar Álvarez Arronte, reconoció que desconoce el número de concesiones que la organización detenta, de ahí que no es posible determinar cuántas de sus unidades son piratas.

La organización, ligada al PRI y que en el pasado proceso electoral respaldó la candidatura del panista Eduardo Rivera a la gubernatura, mantiene un conflicto con Ruta Nueva Generación Angelópolis y Ruta 77A, con las cuales en el pasado hizo una alianza que ahora desconoce y que ha llevado a tener enfrentamientos en el sur de la capital por la invasión de derroteros.

Durante la administración de Rafael Moreno Valle Rosas se permitió este intento de fusión de rutas, la cual nunca se concretó de manera legal, puesto que los dueños no acreditaron formalmente sus concesiones, por lo que no contaron con el permiso y autorización de la autoridad reguladora del transporte.

El funcionario estatal comparó esta situación con la popular frase “si ya saben cómo me pongo, para qué me invitan”, ya que Antorcha Campesina sacó provecho de dicha alianza irregular y colocó ilegalmente más unidades del transporte público en los derroteros y superó en número a sus aliados, situación que generó el conflicto.

“Primero se organizan para hacer una alianza comercial y cuando se pelean porque Antorcha Campesina hace un compromiso de meter 10 unidades, y lógicamente a los tres meses ya tiene 50 circulando, y eso ya no le gustó al representante de Nueva Generación Angelópolis”, explicó Álvarez Arronte.

A finales de mayo, conductores de la Ruta 77A y Nueva Generación Angelópolis generaron caos al sur del municipio al bloquear el Bulevar Carmelitas y Avenida Las Torres por la invasión de derroteros desde hace tres años por las rutas Nueva Visión y Movilomas, ligadas a Antorcha Campesina.

La organización ha empleado el mismo modus operandi para operar en la anarquía como ocurrió en los conflictos de Azumiatla y de la Ruta 100, según reconoció el propio titular de la dependencia estatal al no respetar la ley de transporte.

“No han respetado la ley del transporte ni su reglamento, no se dejan llevar a cabo los operativos de revista vehicular para saber cuántos son los que tienen concesión debidamente emplacados y cuántos son piratas, lo que implica los exámenes toxicológicos”, reveló.

EXIGIRÁN QUE RESPETEN LA LEY

A raíz del conflicto entre rutas y la organización, el gobierno del estado instaló una mesa de trabajo bajo la dirección de la Secretaría de Gobernación con la finalidad de exigir a los representantes que respeten la ley.

Para ello, tendrán que acreditar la legalidad de sus concesiones y que cuenten con seguro de pasajero, al cual los obliga la ley, ya que ante el desconcierto sobre este tipo de documentación los accidentes provocados por estas unidades han quedado impunes.

Citó como ejemplo un accidente en el que se vio involucrada una unidad de la Ruta Galgos del Sur, de la cual hasta la fecha sigue sin aparecer el dueño para que responda por los daños.

“¿Qué se tiene que hacer? Tienen que respetar la ley, es muy sencillito”, aseveró por lo que reiteró que el gobierno del estado ha brindado las facilidades para que se acerquen a la secretaría para regularizarse, sin embargo, han hecho caso omiso, reconoció el funcionario estatal.

De lo contrario, advirtió, serán retiradas de la circulación las unidades que no cumplan con los requisitos establecidos en la ley.

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