La decisión del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito de echar abajo el amparo que obtuvo José Juan Espinosa Torres abrió una serie de caminos que puede enfrentar el candidato a diputado federal del PRIAN, todos ellos con evidentes tintes funestos al ser investigado por un presunto enriquecimiento ilícito.
Si bien no existe claridad sobre el monto económico motivo de la denuncia, diferentes investigaciones periodísticas dan cuenta que el exdiputado local del PT habría amasado una fortuna que rebasa los 100 millones de pesos, los cuales no coinciden con las declaraciones patrimoniales y fiscales que ha presentado como servidor público.
Especialistas en materia electoral consultados por este reportero coincidieron que a raíz de la reactivación de la orden de aprehensión contra Espinosa Torres habría varios “momentos jurídicos” que el exalcalde de San Pedro Cholula podría enfrentar.
La situación se antoja compleja debido a las recientes decisiones tomadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a los panistas Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya Cortés. Al primero, como se sabe, los magistrados ordenaron -en un hecho inédito- retirarle la candidatura como diputado federal por la vía plurinominal debido a que enfrenta un proceso penal y se encuentra prófugo de la justicia.
Los togados advirtieron que el exgobernador de Tamaulipas ni siquiera ha acudido a las diferentes comparecencias de la Fiscalía General de la República pese a que tenía inicialmente un amparo contra su aprehensión.
Esta resistencia a cumplir con los procedimientos judiciales llevó al pleno del tribunal a considerar que su candidatura era solo una fachada o un artilugio -por decirlo así- para garantizar que obtuviera fuero constitucional y evitar su captura.
Así pues, el Instituto Nacional Electoral se vio obligado a sustituir la candidatura del panista para cumplir con el ordenamiento del tribunal.
El otro caso es Ricardo Anaya Cortés, quien enfrenta también un proceso judicial por su presunto vínculo en la corrupción que llevó a la aprobación de la Reforma Energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto. A diferencia de García Cabeza de Vaca, el excandidato presidencial sí ha acudido a todos los llamados del ministerio público y su procedimiento camina. En este caso, los magistrados determinaron no retirar la candidatura.
José Juan Espinosa entraría en esta segunda condición, aunque a diferencia de Anaya Cortés, sí tiene una orden de aprehensión vigente, la cual puede ser ejecutada incluso antes del día de la jornada electoral, programada para el 2 de junio.
Su captura, explicaron los especialistas, abriría la oportunidad para que la coalición Sigamos Haciendo Historia inicie varios procesos jurídicos electorales contra el exalcalde, ya que una vez tras las rejas y con una posible vinculación proceso, estaría materialmente imposibilitado de continuar en la contienda, pero la decisión de quitarle la candidatura recaería exclusivamente en el tribunal electoral y habría que analizar si existe un procedimiento previo contra Espinosa Torres.
Lo irónico es que mientras no haya una sentencia firme contra Espinosa Torres, el candidato mantiene vigentes sus derechos políticos-electorales a ser votado.
Sin embargo, el asunto no es tan sencillo, ya que el enriquecimiento ilícito está tipificado como delito grave, por lo que todo su proceso lo enfrentaría tras las rejas. Dicho escenario, abre otro camino: Impugnar su inelegibilidad en caso de que llegara a ganar los comicios haya sido o no detenido por la Fiscalía General del Estado.
Cabe aclarar que la consulta con los especialistas fue exclusivamente en materia electoral, ya que penalmente existen más recursos jurídicos que los abogados de José Juan Espinosa pueden utilizar para evitar la captura y su vinculación, aunque el principal enemigo del abanderado es el tiempo. Entre más dilate un recurso judicial, mayor riesgo de detención para el cholulteca.
En el caso electoral, el destino de José Juan Espinosa se encuentra en los tribunales y, por lo visto con el caso de García Cabeza de Vaca, los magistrados apuestan por evitar que los cargos de elección popular sean utilizados como un trampolín para evadir la justicia.
