Iván Reyes / Iván Rivera
El excesivo cobro que Virgilio Rincón Salas le hizo a la familia Jenkins para contribuir en el desfalco de la Fundación Mary Street Jenkins causó sorpresa en el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien consideró que los jueces serán los que determinen las responsabilidades penales, no sólo a los patronos sino también a los juristas que participaron en el saqueo.
El mandatario indicó que el contrato entre Virgilio Rincón y la familia Jenkins, difundido por Hipócrita Lector, es una prueba que forma parte de la investigación que se lleva a cabo por el saqueo a la Fundación y que deberán ser materia de un mandamiento judicial.
A la par, dio a conocer que la renuncia de Armando Ríos Piter como rector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) contribuye en la solución para la reapertura de la institución, para que la familia Jenkins y la decana Cecilia Anaya no utilicen el tema del campus como una forma de presión para la solución de un litigio particular.
El mandatario expresó además su reconocimiento y aprecio personal al Tigre, por la decisión que dio a conocer el pasado martes en sus redes sociales, la cual señaló es de buena fe para el beneficio de la comunidad universitaria.
“Que ya no haya forma de seguir argumentando y utilizando acciones como forma de presión para resolver litigios, que se queden en el curso legal que deben tenerse y que la Universidad asuma condiciones de normalidad para acciones académicas”, manifestó.
Al menos hasta el momento en el que se realizó su conferencia matutina, el gobernador añadió que la Secretaría de Educación Pública estatal no había sido notificada para apoyar en desplegar las acciones administrativas que tuvieran como propósito la reanudación de actividades presenciales en la universidad.
Sin embargo, recalcó que, con la renuncia del Armando Ríos Piter a la rectoría de la casa de estudios, ya no habrá pretextos para que la rectora Cecilia Anaya, –impuesta por el Patronato que preside Margarita Jenkins de Landa–, reactive las actividades en la institución a la brevedad.
“Todavía no ha sido notificada la SEP para poder desplegar todas las acciones administrativas que tengan como propósito las actividades en el campus de la Udlap, una vez que sea notificada formalmente lo hará, hay una disposición del gobierno para contribuir a esto”, apuntó.
“Un cochinero entre particulares”: diputado
La información dada a conocer por esta casa editorial respecto a que el abogado Virgilio Rincón Salas cobró 2 mil 266.5 millones de pesos –el equivalente al 15 por ciento del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins–, para operar el saqueo de recursos enviados a paraísos fiscales, para el diputado de Morena Roberto Solís Valles, reafirma que la intención de los Jenkins es quedarse con la herencia de William Oscar Jenkins y no solucionar el conflicto estudiantil.
El legislador lamentó que, por intereses personales de los expatronos, los estudiantes sean los más afectados, pues criticó además que es un tema que deberá resolverse en las instancias legales y dejar de lado a la comunidad estudiantil.
“Esto viene a reafirmar que son pleitos entre particulares que escaló a los tribunales y falsamente quieren debatir en el Congreso del estado, esto viene a evidenciar que la familia lo único que quiere es ver quién se queda con el botín (…) Lo que publicaron viene a sacar todo lo que es un cochinero entre particulares que viene a afectar la vida estudiantil de la Udlap”, apuntó.
Por otro lado, Solís Valles lanzó una dura crítica contra los diputados de la fracción panista que se han montado en la problemática de la universidad con un discurso político.
Tal es el caso de la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, quien ayer en el Pleno del Congreso presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada en el Estado de Puebla a que “ponga el cuidado del futuro de los estudiantes de la Udlap por encima de las instituciones”.
La petición de la panista fue calificada por el diputado local como una estrategia mediática con raja política pues aclaró que el Congreso del estado nada puede hacer ante un problema entre particulares que se resolverá en tribunales.
Lo que sí hay como antecedente es un cúmulo de órdenes de aprehensión locales y federales por los delitos de administración fraudulenta y lavado de dinero contra la familia Jenkins y los abogados a su servicio, además de la revelación de un contrato firmado por Virgilio Rincón donde quedaron evidenciadas las acciones para triangular recursos de la Fundación Mary Street Jenkins con destino a paraísos fiscales en Barbados y Panamá.
