Feministas de la agrupación “Aquí estamos”, que desempeñaron un papel crucial en la organización de la marcha del 8M del pasado viernes, exhortaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a que atraiga las investigaciones relacionadas con los incidentes de represión perpetrados por la policía municipal contra mujeres durante la movilización.
Varias participantes fueron detenidas de manera arbitraria y, en algunos casos, incluso rociadas con polvo de extintor.
Asimismo, llamaron al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, a intervenir en el caso contra el gobierno municipal para crear las condiciones en la ciudad que permitan a las mujeres salir a las calles y ejercer su derecho a la libre manifestación.
Convocantes feministas de la marcha del 8M salieron nuevamente a las calles este martes, pero en esta ocasión para reprochar la represión cometida por el alcalde Adán Domínguez Sánchez y su secretaria de Seguridad, María del Consuelo Cruz Galindo.
Se denunciaron ataques a mujeres que buscaron ejercer su derecho a manifestarse y que fueron atacadas por policías municipales, sin un debido protocolo de actuación.
Frente al Palacio Municipal, lugar donde el pasado fin de semana más de 50 mil mujeres marcharon para pedir un alto a la violencia de género, integrantes de distintos colectivos reprocharon la criminalización de la marcha, materializada en detenciones de mujeres, agresiones con polvo de extintor e incluso represión a medios de comunicación.
Expusieron que la declaración del edil, respecto a que el grupo de hombres infiltrados fue responsable de que la manifestación se tornara violenta, no es más que una forma de justificar la actuación de los uniformados en la capital poblana y un vivo ejemplo de la revictimización a las mujeres.
“Condenamos la represión generada por elementos de la policía a las manifestantes de la marcha que cruzó por Avenida Reforma, pasó frente a Palacio Municipal, así como a periodistas que cubrían el evento, las detenciones arbitrarias a las personas asistentes y la criminalización de la protesta mediante la persecución e intimidación”, expuso Shirley Méndez, activista conocida como Shulaska.
Por otro lado, Flor Cipriano, codirectora de Red la Morada AC, exigió al alcalde Domínguez Sánchez no repetir la criminalización de las mujeres, así como la reparación de los daños materiales que se generaron. Además, dijo que estos actos evidenciaron la falta de políticas públicas en la capital para atender a las mujeres.
Agregó que, a diferencia de la versión del ayuntamiento de Puebla, las agresiones no fueron cometidas por personas infiltradas, sino por la propia Policía Municipal, lo cual está documentado por medio de videos grabados por las propias feministas y por periodistas que dieron cobertura a esta movilización.
Además, criticó la completa cerrazón del Ayuntamiento de Puebla para escuchar las demandas de las mujeres y argumentó que la situación no se resolverá sólo con la renuncia de Cruz Galindo, si no se cambia la estructura de gobierno y la forma en que se siguen los protocolos de actuación.
En tanto, María Fernanda, vocera de la asociación civil Redefine Puebla, apuntó que solicitarán que las investigaciones por las agresiones sean atraídas tanto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como por el organismo a nivel local, para que se emitan recomendaciones al alcalde Adán Domínguez y a la titular de la SSC por violaciones a los derechos fundamentales.
“Solicitamos la intervención de la CNDH y la CDH de Puebla para que realicen la investigación y recomendaciones pertinentes que garanticen que hechos como este no se vuelvan a repetir. De igual forma, pedimos la intervención del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina para generar las condiciones que fomenten la libre protesta sin represalias”, apuntó.
Expuso que, aunque las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer son también espacios para que las infancias conozcan de los movimientos en favor de grupos vulnerables, la protesta se vio manchada por agresiones policiales en donde incluso una menor de edad resultó lesionada por la caída de una estructura metálica, sin que se conozca hasta el momento su estado de salud.
RESPUESTA ENÉRGICA
Los actos de represión y violaciones a los derechos durante la marcha del 8M en Puebla, han provocado una respuesta enérgica. Regidores de Morena advirtieron que solicitarán la revocación del mandato del alcalde Domínguez Sánchez.
Además, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla inició una investigación de oficio sobre las agresiones sufridas por las mujeres durante la marcha.
Por su parte, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, advirtió que la Secretaría de Igualdad del gobierno estatal seguirá de cerca todos los casos de agresión registrados, tanto contra los contingentes como contra los medios de comunicación, además de que reprobó las decisiones tomadas por el gobierno municipal con la protesta.
“Se debe salvaguardar el derecho a la libre manifestación. Desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva, estamos dando puntual seguimiento a cada caso que ha sido reportado por redes sociales y medios de comunicación luego de la marcha de hoy con motivo del #8M, para atenderles en el marco de garantizar sus derechos humanos”, publicó en su cuenta X.
Estas represiones generaron más reacciones, como la expresión del candidato a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier, quien dijo que la Comuna incumplió sus obligaciones de garantizar el derecho a la manifestación.
Condeno categóricamente los actos de intimidación y represión contra las participantes y compañeras de la prensa durante la marcha de este #8M en Puebla.
Como lo marca la ONU, garantizar el derecho a la protesta feminista es la primera de las obligaciones de los gobiernos para… https://t.co/nlTrDQfgTb
— Alejandro Armenta (@armentapuebla_) March 9, 2024
Mónica Silva Ruiz, diputada con licencia y defensora de los derechos de las mujeres, también condenó enérgicamente los actos de represión, calificándolos como “inadmisibles”.
“Todos tenemos derecho a manifestarnos y hacerlo en nombre de los derechos humanos. Si algunas mujeres, por las circunstancias, llegaron a romper, quemar o realizar cualquier acto que se percibiera como disturbio, siempre debemos reflexionar sobre las terribles historias que hay detrás de esas personas”, señaló Silva Ruiz.
DOMÍNGUEZ SE DESLINDA DE NUEVO
Por otro lado, el alcalde Adán Domínguez Sánchez intentó desvincular al gobierno municipal de las agresiones sufridas por mujeres durante la marcha del 8M, al asegurar que los elementos estaban desarmados y sólo utilizaron agua para responder a las agresiones.
Argumentó que las acciones del gobierno municipal fueron acordes a la ley y tenían como objetivo proteger la integridad de los ciudadanos, además de que reconoció que la responsabilidad del Ayuntamiento era proteger monumentos como la fuente de San Miguel y el Palacio Municipal.
Según el edil, las agresiones fueron cometidas por grupos de infiltrados -quienes ya son investigados-, minimizando la represión a mujeres y reporteras que dieron cobertura a la protesta.
“Ante cualquier tipo de delito, de cualquier tipo de actividad, o acción que ponga en riesgo la integridad de las personas, el Ayuntamiento tiene la obligación de salvaguardar la vida de las personas y que los derechos de las personas sean respetados, un gobierno, gobierna para todos y gobernar también es salvaguardar el patrimonio histórico de nuestra ciudad”, expresó.
