Al comparecer ante diputados del Congreso del Estado, el secretario de la Función Pública informó que durante el 2023 se integraron mil 495 expedientes contra servidores públicos de la administración estatal, de los cuales 365 terminaron en inicio de procedimiento administrativo para determinar responsabilidades, mientras que 68 se dirimen en tribunales.
Como parte de la Glosa por el Primer Informe de Gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Juan Carlos Moreno Valle Abdala dio a conocer que existen observaciones por mil 25 millones de pesos que están pendientes de solventar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El funcionario destacó que, con estrategias claras, el gobierno de Sergio Salomón Céspedes consolida la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Ante integrantes de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación, el funcionario confió en que se resuelvan en su totalidad los expedientes integrados para evitar heredar pendientes a la siguiente administración.
No obstante, el titular de la Función Pública apuntó que no se tomarán resoluciones a la ligera, pues se trata de presuntas responsabilidades administrativas cometidas por servidores públicos, en las cuales se deberán agotar todas las instancias.
De enero a diciembre del año pasado, se substanciaron 365 procedimientos de responsabilidad administrativa, de los que 279 se catalogaron como faltas no graves y 86 son graves, mismos que siguen en proceso de investigación, de las cuales 68 se encuentran en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJAEP).
Los procedimientos corresponden a servidores públicos de diferentes dependencias y por diversas causas, por lo que hasta el momento no se tiene resolución o sanción alguna contra funcionarios, que haya concluido en una baja o hasta denuncias penales y siguen laborando, ya que se debe esperar el fallo del tribunal.
Aunado a ello, Juan Carlos Moreno Valle dio a conocer que existen cuatro procesos abiertos contra titulares de dependencias, por denuncias presentadas en 2023 por posibles delitos electorales, mismos quienes habrían incurrido en promoción de aspirantes a través de redes sociales y medios de comunicación.
“Se mantiene la investigación, ya nos presentaron ellos las evidencias, una vez que determinemos si son suficientes o no, construiremos lo que proceda”, expresó, no obstante, no reveló los nombres de los titulares denunciados.
ASF: MIL 25 MILLONES PENDIENTES DE SOLVENTAR
Los mil 25 millones que el gobierno del estado tiene pendientes de solventar ante la Auditoría Superior de la Federación derivan de los 3 mil 191 millones de pesos que es el total del recurso que observó dicha instancia y que la actual administración tendrá que comprobar.
Adelantó que durante 2023 se solventaron satisfactoriamente 2 mil 165 millones 470 mil pesos, que representa el 68 por ciento de las observaciones, por lo que la cantidad restante deberá ser aclarada en lo que resta del año.
De dicho monto, 50 por ciento se relaciona con pago de nómina de la administración estatal, así como tabuladores de la misma, de la que ya se entregó toda la documentación, aunque no precisó el otro resto a que corresponde, al hacer énfasis en que la instrucción que tiene es no tener pendientes.
Por otra parte, informó que como parte de las acciones que hace la dependencia, se desarrolló la revisión en obras por un monto de inversión de 8 mil 130 millones 510 mil pesos; se hicieron 206 auditorías, de las cuales 85 fueron dependencias del estado y 118 a entidades, así como a 3 municipios.
Añadió que la principal observación que se dio fueron las inconsistencias en la integración de expedientes, pues se cometieron errores y falta de documentación. Se revisaron 35 mil 260 millones 112 mil pesos, además, se realizó la atención de observaciones pasadas por un monto de 3 mil 995 millones 844 mil 198 pesos, que corresponden a los ejercicios de 2017 a 2022.
En otro tema, informó que se pondrá en operación el “Programa Estatal de Blindaje Electoral”, y ningún funcionario podrá hacer proselitismo al interior de la administración, con el fin de que no haya señalamientos del uso de recursos a favor de uno y otro candidato.
