Una nueva andanada en contra del gobernador Miguel Barbosa Huerta por el caso de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) tuvo lugar este fin de semana, luego de que la revista Proceso sugirió que el mandatario pretende apoderarse de los 720 millones de dólares que la familia Jenkins de Landa desfalcó del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, con el apoyo del morenovallismo y un par de abogados, lo que derivó en órdenes de aprehensión contra todos los involucrados por los delitos de delincuencia organizada, uso indebido de recursos y fraude, entre otros.
El texto forma parte de una entrega más amplia sobre la firma de abogados del panista Roberto Gil Zuarth, y ahí se asienta que el exsenador fue el encargado de diseñar la ruta jurídica para recuperar el dinero de la fundación y que actualmente se encuentra en paraísos fiscales, a nombre de la Fundación para el Desarrollo Latinoamericano, que tiene un fin privado.
Sin embargo, el mismo texto publicado por el semanario tira el montaje de una supuesta apropiación de los recursos, al señalar que la firma de Gil Zuarth estableció por escrito que, una vez destituidos los patronos de la Fundación Jenkins, “el estado de Puebla podrá recuperar los más de 720 millones de dólares”. Es decir, no existe una intención personal del mandatario sino la postura pública que asumió desde el inicio de la disputa: que el dinero regrese a la entidad.
Por si eso no fuera suficiente, líneas más adelante el reportero Mathieu Touriele −quien firma la entrega− reconoce que desde agosto de 2021 los patronos de la Fundación Jenkins denunciaron que Gil Zuarth diseñó la “estrategia de persecución política para apropiarse” de la universidad y afirma que el documento difundido este fin de semana confirma esa denuncia.
Pese a no existir elementos para vincular al mandatario estatal con “la codicia por la colosal fortuna de la Fundación Jenkins y la Udlap”, en redes sociales se difundió la información dando por hecho que Barbosa Huerta pretendía apropiarse de los recursos. La insistente propagación de esa versión corrió a cargo de reporteros exhibidos en sus negocios o vinculados con el antibarbosismo, así como gerentes de la ultraderecha y granjas de bots.
“Destapa la revista @proceso trama del gobernador @MBarbosaMX y el despacho de @rgilzuarth para hacerse de la fortuna de los Jenkins. Por eso la @udla tiene siete meses cerrada. ttps://e-consulta.com/nota/2022-01-29/ universidades/destapa-proceso trama-de-barbosa-para-obtener-fortuna-de-los-jenkins vía @e_consulta”, publicó en su cuenta de Twitter, Rodolfo Ruiz Rodríguez, quien era asesor de Barbosa Huerta como candidato a la gubernatura, y aunque cobró al 100 por ciento los tres servicios que ofreció, hubo sospechas de conductas poco éticas en su desempeño. Otro interesado en difundir la errónea información fue Jesús Ramos, exjefe de prensa de Fernando Manzanilla Prieto, secretario de Gobernación estatal e investigado por el uso de la “partida secreta”, una bolsa de recursos de uso discrecional para operación política y electoral.
El directivo de Reporter@, un diario para cínicos publicó en su cuenta de Twitter: “#Proceso se lo documentó y bonito. Se quiere quedar con el dinero de la #Udlap con la #Udlap y hasta con el perico. Detrás de la desestabilización de la universidad, revela la revista, está el gobernador de Puebla”.
MÁS PIFIAS
En el texto publicado por Proceso se asienta que “la estrategia que Gil Zuarth ofreció a Barbosa comenzó años antes, durante la gestión del panista Rafael Moreno Valle en Puebla, con la aprobación de una ley que reformó la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, institución utilizada en la embestida del gobierno poblano contra el patronato de la FMSJ”. Las líneas quedan hasta ahí y no ofrecen mayor información.
No obstante, fue la Junta para el Cuidado de las Instituciones la que avaló en el sexenio de Moreno Valle el cambio de los estatutos de la Fundación Mary Street Jenkins, lo que dio pie a que los Jenkins de Landa pudieran disponer del patrimonio de la fundación. Al poco tiempo, la junta avaló el saqueo. El argumento esgrimido por los patronos hoy procesados era que el capital original de la fundación fue de 90 millones de dólares al momento de su constitución, el cual quedaría intocado por ser el patrimonio.
Pero, la Fundación Jenkins tenía otros 720 millones de dólares como patrimonio, los cuales quedaron libres de disposición. Fue así que los Jenkins de Landa, con el apoyo de sus abogados Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz, trasfirieron esa cantidad a la Fundación Bienestar de la Filantropía. Para mantener el control de los activos, los abogados y el exrector de la Udlap Luis Ernesto Derbez Bautista crearon una empresa que fue la encargada de administrar los inmuebles que antes pertenecían a la Fundación Jenkins, además del personal contratado.
Como es sabido, los 720 millones de pesos fueron trasladados al paraíso fiscal de Barbados y, posteriormente, a Panamá, en donde se transfieren a Fundación para el Desarrollo Latinoamericano, constituida como una entidad de interés privado, es decir, los recursos originales de la Fundación Jenkins que debían ser utilizados exclusivamente para obras de beneficencia y apoyo al desarrollo de la entidad poblana pasaron a la propiedad de particulares, en este caso la familia Jenkins de Landa.
El texto de Proceso también confunde las actuaciones de la Junta para el Cuidado de las Instituciones en el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, ya que insiste que hay una persecución contra los patronos de la Fundación Jenkins por el caso de la Udlap. La actuación de la institución, avalada por un juzgado, establecía el cambio de los integrantes del patronato de la Fundación Udlap, cuya presidencia recae en Margarita Jenkins de Landa debido a que carecían de la calidad para realizar sus funciones al estar prófugos de la justicia.
Los casos de la Fundación Jenkins y de la Fundación Udlap son dos rutas jurídicas diferentes.
Fue gracias a la intervención del nuevo patronato de la Fundación Udlap se descubrió un desfalco superior a los 200 millones de pesos por parte de la administración del exrector Luis Ernesto Derbez. Hallaron de todo: pago de becas y apoyos para hijos de directivos; empresas a las que la Udlap les compraba servicios y cuyos dueños eran el exsecretario de Relaciones Exteriores con Vicente Fox Quesada y los abogados de los Jenkins; préstamos para empresas de los Jenkins; así como el uso de empresas fantasma para esconder el dinero y evadir impuestos. Ante todos estos hallazgos se iniciaron seis carpetas de investigación en contra de Derbez, su círculo cercano de directivos y los abogados de los Jenkins de Landa por los delitos de delincuencia organizada, uso indebido de recursos, malversación y evasión fiscal.
Un dato revelador del texto de Proceso es que antes de que la Secretaría de Seguridad Pública estatal, por instrucciones de un juez, cooperaron con el nuevo patronato para tomar posesión del inmueble, es que el campus −en donde también se encuentra registrado el domicilio fiscal de la Fundación Jenkins, informa el semanario− estaba incautado por el Sistema de Administración Tributaria por un crédito fiscal de 650 millones de pesos.
A parte del crédito fiscal que la universidad tenía ante el SAT, el nuevo patronato descubrió que, en seis días, Luis Ernesto Derbez contrató créditos bancarios que dispararon la deuda de la institución a 650 millones de pesos. Aunque intentaron justificar que ese dinero era para apoyar a los estudiantes ante la pandemia, el informe del exrector comprobó que todo fue una mentira.
UNA MÁS
Para coronar los errores del texto, se asienta que Miguel Barbosa y Roberto Gil fueron compañeros en el Senado de la República, que ambos apoyaron la reforma energética y por eso recibieron sobornos por parte de Emilio Lozoya Austin. Incluso, el semanario cita la denuncia presentada por el exdirector de Petróleos Mexicanos.
La pifia radica en que en los archivos del Senado se puede comprobar que Barbosa Huerta votó en contra de la Reforma Energética y la denuncia que presentó Lozoya Austin no lo involucra en ninguna parte.
Hubo un borrador fake que se difundió entre medios de comunicación en el que se incluyó al poblano, pero en la denuncia asentada ante la Fiscalía General de la República no menciona en ninguna parte al mandatario, lo cual puede comprobarse en el sitio oficial de la dependencia.
