El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, se lavó las manos en el caso de la detención arbitraria del presidente auxiliar Adolfo N. y dos pobladores indígenas más y en un acto de cinismo, retó al senador Alejandro Armenta Mier a presentar la denuncia correspondiente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al ser cuestionado sobre la declaración del morenista, quien le recriminó por la violación de las garantías individuales del presidente subalterno y por armar un expediente relacionado con el supuesto cobro de licencias de funcionamiento en negocios, Rivera Pérez aseguró que el caso está justificado.

El munícipe manifestó que el gobierno municipal que representa “únicamente hizo su trabajo” de aprehender al edil auxiliar y aseguró que el motivo de la movilización de pobladores inició porque se clausuró un bar clandestino en la demarcación.

Sin embargo, a decir de los regidores de la fracción de Morena, el motivo real de la protesta no fue el cierre de este bar, sino una serie de visitas dirigidas por la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial en comercios de la junta auxiliar para cobrar moches y hostigar a los dueños con advertencias sobre clausuras en caso de no pagar las cuotas.

“Él tiene todo el derecho de acudir a la instancia que él considere pertinente. Solamente le recuerdo al Senador Armenta que la razón de la inconformidad de algún grupo de manifestantes de La Resurrección fue porque se clausuró un bar clandestino que estaba siendo tolerado y apoyado directamente por la presidencia auxiliar”, justificó Rivera.

Pese a la declaración del edil, Adolfo N. no fue vinculado a proceso por su presunta relación con la operación de negocios clandestinos de La Resurrección, sino por los delitos de motín, lesiones agravadas, robo agravado y daño en propiedad ajena doloso, tras una revuelta en la que pobladores se enfrentaron con policías municipales frente a Palacio Municipal.