El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, intensificó su disputa pública con Morena y los dichos del senador Alejandro Armenta Mier respecto al manejo adecuado de los recursos en la gestión panista, al afirmar que en su administración hay un uso responsable y benéfico del dinero que ingresa a la Comuna, en donde “no se le pierden” 600 o 700 millones de pesos.
Rivera Pérez reviró a las acusaciones que ha lanzado el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República sobre el destino de los recursos que se recaudan en la administración municipal derivado del cobro de multas por la pinta de bardas con propaganda política, y en contraste, los invitó a iniciar con el retiro de la publicidad electoral.
En días pasados, el senador morenista se pronunció en favor de que el Ayuntamiento de Puebla aprobara multas contra pintores, actores políticos y dueños de mobiliario urbano y propiedad privada que permita la colocación de bardas con propaganda electoral en la ciudad.
No obstante, Alejandro Armenta calificó como “estratosféricas” las multas de hasta 311 mil pesos que avalaron los regidores en cabildo, pues consideró que estaba fuera de lo estipulado en la Ley de Ingresos del municipio, además de que exigió transparencia en el manejo de dichos recursos ya que no debía parar “en la campaña azul”.
“Sí en el camino a mí, como administración, se nos hubieran perdido por ahí 600 millones de pesos o 700 millones de pesos, como por cierto sí ha pasado en gobiernos de Morena, pues más bien dicho estarían preocupados por una situación de este tipo ¿no?, acá no se pierde la lana”, contestó el presidente municipal de Puebla.
El edil poblano reiteró su llamado para los políticos que cuenta con bardas pintadas con su nombre y que se pronunciaron en favor de las sanciones por esta actividad en el municipio para que pongan el ejemplo e inicien su retiro, pues de lo contrario, no tendrían autoridad moral, ni congruencia para hablar de frente con la ciudadanía o criticar a su administración.
Eduardo Rivera pidió a los morenistas del estado ser congruentes con sus declaraciones y preocuparse por cómo destinan los recursos de los ciudadanos en las administraciones de los funcionarios públicos emanados de su partido.
También exigió analizar los temas de manera objetiva pues, a su consideración, deben tener verdadera “autoridad moral” ya que varios actores políticos de Morena no desaprovechan para descalificar las acciones de su gobierno y acusar un presunto financiamiento para sus aspiraciones políticas para 2024, sin antes analizar el actuar de otras autoridades morenistas.
“Aquí la lana que entra de la caja de la Tesorería y cualquier infracción o pago de impuestos, es una lana que se traduce en obras y beneficios”, enfatizó el alcalde panista al detallar que los recursos que han ingresado se han destinado para actividades como el campeonato de futbol siete, unidades médicas móviles, pruebas de antígenos, uniformes y patrullas nuevas para los policías municipales, entre otros programas.
En ese sentido, el presidente municipal de la capital del estado recordó que el municipio de Puebla obtuvo la calificación mxAA+ de la agencia crediticia Standard & Poor’s por el manejo eficiente del recurso público y con perspectiva estable, lo que ha permitido a la ciudad acumular un cómodo nivel de liquidez, resultados sólidos y mantener un nivel de endeudamiento muy bajo y manejable.
“Si tenemos esta calificación es porque manejamos de manera transparente, honrada, los recursos, se sabe de dónde vienen los recursos y en dónde se aplican; si en el camino se nos hubieran perdido 600 millones de pesos o 700 como, por cierto, sí ha pasado en gobiernos de Morena, estaríamos preocupados, pero acá no se pierde la lana”, remarcó Eduardo Rivera.
En la administración de Miguel Barbosa, la exsecretaria de Planeación y Finanzas, Teresa Castro Corro invirtió 606 millones de pesos en Accendo Banco, institución que se declaró en bancarrota en 2021, por lo que el dinero se encuentra perdido, además que también fue responsable de un adeudo de 722 millones de pesos al SAT por irregularidades en el pago del Impuesto Sobre la Renta en 2022.
