En cuatro meses, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado inició más de 160 procedimientos de investigación que involucran a 60 jueces para revisar que su desempeño se apegue a la normatividad interna y evitar casos como los exhibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así lo señaló el magistrado Carlos Palafox Galeana, presidente del Consejo de la Judicatura en el estado, quien informó que los tres jueces, que fueron señalados por López Obrador por liberar presuntos secuestradores y a un diácono procesado por violación, ya fueron suspendidos de sus funciones.
En entrevista, Palafox Galeana exhortó a la ciudadanía a que presente denuncias contra los servidores públicos que no desempeñen correctamente sus funciones y sentenció que en el Poder Judicial no se permitirán los actos impunes.
“No estamos permitiendo la impunidad, el exhorto es a que toda la población presente quejas en contra de servidores públicos del Poder Judicial que pudieran estar incurriendo en actos de corrupción, o que no estuvieran desempeñando de manera adecuada su trabajo”, comentó.
Fue en la Mañanera del pasado lunes 31 de julio cuando el presidente López Obrador exhibió que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) inició tres quejas ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado en contra de tres jueces por liberar a presuntos secuestradores y violadores en la entidad.
Destacó que el fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, presentó por estos hechos quejas en contra de los jueces que liberaron a dos presuntos secuestradores y al diácono Gerardo Gómez, que abusó sexualmente de un menor de edad en el municipio de Aquixtla.
“Esto es general, no sólo federal, se repite en los estados”, señaló desde Palacio Nacional en su habitual conferencia matutina.
En sentido, el presidente del Consejo de la Judicatura señaló que el Poder Judicial del estado debe ser una “caja de transparencia” por lo que si existe algún señalamiento en contra de quienes lo integran, se investiga y se sanciona.
“A estas personas, a estos jueces que han sido señalados, ya les iniciamos un procedimiento administrativo y en esa parte estamos”, dijo tras explicar que el resultado podría derivar en sanciones o destituciones.
En tanto, informó que siguen las investigaciones contra estos tres jueces que fueron exhibidos por el mandatario federal. Se trata del juez Aarón Hernández Chino, quien otorgó un amparo al religioso que llevaba dos años en prisión.
Mientras que los jueces Roberto Antonio Domínguez Muñoz y Francisco Javier Martínez han concedido la modificación de las medidas cautelares a dos delincuentes dedicados al secuestro de personas.
PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL SE AJUSTARÁ A LA AUSTERIDAD
Al descartar que persistan las inconformidades laborales al interior del Poder Judicial, el presidente del Consejo de la Judicatura señaló que el presupuesto para el próximo se tendrá que ajustar a las políticas de austeridad ante el nulo incremento que anunció el gobernador Sergio Salomón Céspedes.
Indicó que la racionalidad en el gasto no afectará a trabajadores, con quienes aún se revisan las demandas que presentaron en mayo de este durante las protestas que realizaron para exigir mejoras salariales y laborales en sus centros de trabajo.
Explicó que se mantienen las reuniones de manera constante con los representantes de los trabajadores para atender su pliego petitorio que incluía un incremento salarial que en más de 20 años no se había dado.
“Estamos atendiendo y estamos trabajando juntos, tanto trabajadores como el Consejo, en construir las condiciones de trabajo necesarias, y están siendo escuchados, siendo atendidos, como no había sucedido antes”, dijo.
Palafox descartó que vaya a separarse del cargo en este momento, aunque expresó que “no hay servidor público que puebla asegurar que tiene un cargo que le pertenece, yo no lo tengo, soy un servidor público de muchas décadas, y sé que todo tiene un proceso”, por lo que “aquí estoy presente”, apuntó.
En tanto, sostuvo que el Poder Judicial se apegará a la disciplina financiera que promueve el gobernador para ejercer con responsabilidad el recurso público, por lo que en dicha institución existe una política de austeridad permanente.
“Aquellas personas que están acostumbradas a privilegios, más allá de lo que corresponde a los cargos, por supuesto que esos privilegios se tienen que terminar”, puntualizó.
Anotó que legalmente no es posible que los magistrados se disminuyan el salario, por lo que mantendrían el mismo y se evitarán todos aquellos “gastos superfluos” que pudieran detectarse.
Añadió que tampoco se afectará a los trabajadores porque “ellos son el sostén de toda la actividad del Poder Judicial”, pero revisará que los ajustes presupuestales se hagan a los “usos y costumbres” que durante años se han llevado a cabo por algunos servidores públicos que no benefician a la base trabajadora ni a la eficiencia del Poder Judicial.
