Derivado del proceso de entrega-recepción en la Secretaría de Planeación y Finanzas, el gobierno del estado emprenderá acciones legales por los 600 millones de pesos invertidos en Banco Accendo, anunció el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina quien dijo que no se trata de una persecución, pero advirtió que la omisión también es un delito.
En conferencia de prensa, el mandatario dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública practica una auditoría específica sobre la inversión en la administración que antecedió a la suya para emprender las acciones jurídicas correspondientes.
Lo anterior, con el propósito de resarcir la afectación a las finanzas estatales, luego de que la institución crediticia se declaró en quiebra y actualmente enfrenta un proceso de liquidación con sus acreedores.
Sin embargo, Sergio Salomón Céspedes aclaró que no se busca emprender una persecución contra quienes estuvieron al frente de la dependencia estatal durante la gestión de Miguel Barbosa Huerta.
“No es una persecución contra alguien, no es algo específico, es simplemente lo que nos obliga la ley, lo que hace normalmente cualquier ente en una entrega-recepción y por supuesto las acciones que en su momento el gobierno tomó contra esta situación que era una obligación cuando nosotros llegamos darla a conocer”, expresó el mandatario.
Dijo que, de no haber actuado al respecto, esta situación irregular se vería reflejada en el informe de la cuenta pública del Poder Ejecutivo, además de que continuarían incrementándose los recargos.
Por ello, insistió en que no se trata de una persecución, pues como titular del Poder Ejecutivo está obligado a emprender acciones y darle seguimiento al caso.
En ese sentido, indicó que se agotarán los procedimientos e instancias correspondientes para “esclarecer las acciones acontecidas” y, en su caso, fincar “las responsabilidades en las que hubiesen incurrido los funcionarios competentes, si hubiesen incurrido”, sentenció.
“No nos toca ni nos corresponde a nosotros juzgarlos, pero entendamos este tema, que la omisión también es un delito, entonces, nosotros tenemos que dar cuentas claras de qué es y cómo encontramos en su momento la hacienda pública, del periodo que sea”, apuntó.
ADEUDO DE 722.3 MDP, POR DESCONOCIMIENTO
Respecto del crédito fiscal por 722.3 millones de pesos que el gobierno del estado mantiene con el SAT, el gobernador Sergio Salomón Céspedes precisó que esta irregularidad derivó de cinco auditorías del SAT en las que se detectó la omisión de una contribución en el periodo 2020-2022.
Dijo que en su momento se trató de una determinación nueva que impuso la autoridad fiscal, de la cual no se tenía “claridad” por el concepto de despensa a servidores públicos, pese a que esta es una prestación que históricamente ha estado libre de gravamen.
“No estoy diciendo que se lo robaron, que quede claro, estoy diciendo que se dejó de aplicar ese recurso como un pago de impuestos”, puntualizó, tras señalar que no se está señalando a alguien como responsable, pero aseveró que tampoco se tapará nada.
El gobernador Céspedes Peregrina enfatizó que es respetuoso de las posturas y señalamientos que han vertido desde diferentes sectores de la sociedad, respecto a la situación financiera que dejaron las administraciones que le antecedieron.
Conforme se va a acercando el inicio del proceso electoral 2023-2024, dijo, surgirán más posturas respecto al actuar del gobierno que encabeza, por lo que conminó a todos los actores políticos a asumir una postura de prudencia, cabeza fría y analizar con prudencia las situaciones que ocurren en el estado.
En ese sentido, señaló que serán las instancias fiscalizadoras como la Auditoría Superior de la Federación, las que determinen si existieron irregularidades y, en su caso, sanciones, puesto que indicó que no se pretende “tapar nada”, pero tampoco realizar señalamientos en específico contra algún funcionario.
“Nosotros hemos sido muy precisos y claros en este tema, somos muy respetuosos de los señalamientos y opiniones que han surgido, en materia normativa para el gobierno no es su labor sacar juicios de otras gestiones cuando se tiene instancias de fiscalización y revisión del manejo de los recursos”, dijo.
