Un nuevo revés sufrió la familia Jenkins de Landa y sus abogados, luego de que la Junta Para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla declarara como ilícito el traslado de 720 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins a la Fundación Bienestar de Filantropía, a través de un contrato.
Pero no sólo eso, sino que, en una sesión celebrada a inicios de marzo por el organismo público descentralizado, también se determinó ratificar a Guillermo Jenkins de Landa y a cuatro personas más como integrantes del Patronato de la Fundación MSJ.
En el resolutivo se precisó además que el cambio de domicilio de la Fundación Mary Street Jenkins del estado de Puebla al de Jalisco fue una situación “ilícita y nula”, toda vez que fue contraria a los propios estatutos.
“Esta Junta para el Cuidado declara la ilicitud y la nulidad absoluta de los acuerdos que contienen el cambio de domicilio de la Fundación Mary Street Jenkins I.B.P del Estado de Puebla, al Estado de Jalisco, y de los actos posteriores a dicho cambio de domicilio, por ser contrarias a sus Estatutos, Bases Constitutivas, normas prohibitivas y de orden público y por ende deben volver las cosas al estado que guardaban antes de los referidos acuerdos de cambio de domicilio”, dicta el oficio.
La embestida por parte de la Junta provocó el enfado de la familia Jenkins, -prófugos de la justicia por los delitos de lavado de dinero, fraude, delincuencia organizada, evasión fiscal, entre otros-, por lo que una vez que supieron del resolutivo, comenzaron a difundir la versión de que se trataba de un “atropello” al estado de derecho.
En el intento por conservar su coto de poder, días después anunciaron una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) contra la JCIAP por un supuesto manejo, aplicación y desvío de recursos públicos estatales en los ejercicios fiscales 2020 y 2021, cuya única justificación legal para presentarla fue la contratación de un despacho jurídico mediante adjudicación directa.
Además de anunciar denuncias penales por presuntos desvíos de recursos, el enfado también los llevó a divulgar la versión de que se creó una presunta red de tráfico de influencias en la que acusaron a la juez federal Luz María Ortega Tlapa y a otros litigantes por no darles una sentencia favorable a sus intereses.
En el acuerdo celebrado el pasado 3 de marzo, la Junta para el Cuidado emitió dicho fallo al hacer una revisión del Juicio de amparo 89/2019 del Juzgado Segundo en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo, así como a un recurso de revisión de Juicios Federales y 43/2020 y de inconformidad 29/2021 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
El oficio destaca además que se dio un punto final a la participación de quienes eran patronos de la Fundación Mary Street Jenkins: Elodía Sofia de Landa de Jenkins, Roberto Jenkins de Landa, Juan Guillermo Eustace Jenkins, Margarita Jenkins de Landa, Juan Carlos Jenkins de Landa y María Elodia Jenkins de Landa.
A la par, se designó como nuevos integrantes del Patronato a Óscar Alejandro Franco Salazar, Antonio José Francisco Caballero y Fernández; Alejandro Sepúlveda Ortega, Pablo Jenkins Gavito, así como a Guillermo Jenkins de Landa.
PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA
El hecho de que la familia Jenkins haya sido destituida de la Fundación MSJ por acuerdo de la Junta, confirmó la serie de denuncias en su contra por el desfalco por 720 millones de dólares para enviarlos a paraísos fiscales localizados en Barbados y Panamá.
La situación fue que seis integrantes de la familia Jenkins, con el apoyo del exgobernador Rafael Moreno Valle, avalaron en 2013 cambiar los estatutos de la Fundación para que se quedara con un patrimonio base de 90 millones de dólares, mientras que los 630 millones restantes quedaron a libre disposición para usarse en beneficencia, así como para fines comerciales y financieros.
Lo que vino después fue que dicho dinero, que quedó a libre disposición, fue trasladado al extranjero mediante la triangulación de recursos a través de una organización civil de reciente creación: la Fundación Bienestar de Filantropía, cuyos patronos eran los mismos integrantes de la familia Jenkins y en donde trasladaron los recursos millonarios para evitar levantar sospechas.
Tras el seguimiento de las autoridades, en julio de 2020 se hicieron efectivas órdenes de aprehensión contra los Jenkins por los delitos de lavado de dinero, fraude, delincuencia organizada, evasión fiscal y otros delitos.
Además, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla determinó colocar a Horacio Magaña como nuevo representante del patronato de la Fundación Udlap y a la par se hizo efectiva la toma de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) como parte de las investigaciones durante un plazo de ocho meses.
Hoy no sólo la familia Jenkins es buscada por la justicia, sino que la misma situación viven sus abogados: Virgilio Salas Rincón y Alejandro González Martínez, quienes apoyaron en la triangulación de recursos por más de 200 millones de pesos a través de 16 compañías.
