La decisión de los integrantes del Consejo Universitario de aprobar por unanimidad la actualización y armonización de la Ley Orgánica de la BUAP es un caso que vale la pena destacar por su importancia histórica y por la capacidad de la rectora Lilia Cedillo Martínez para generar un respaldo generalizado a fin de que la institución se adapte a los nuevos tiempos. Quienes conocen la vida política universitaria saben que una medida de esta naturaleza es compleja, espinosa y se corre el riesgo de que la institución entre en una espiral de confrontación, máxime de que se trata de un centro en el que la generación del conocimiento representa la razón de su existencia. Convencer a una comunidad universitaria, con expresiones políticas e institucionales variopintas, requiere de mucho oficio, apertura y transparencia. Es por eso que, a diferencia de las reformas de 1991 y 1998, ahora se decidió abrir el debate a todos los integrantes de la casa de estudios. Tuvieron que pasar, mínimo, 25 años para que la comunidad fuera tomada en cuenta en la construcción de la nueva cultura universitaria. Se dice fácil, pero los académicos, estudiantes, personal administrativo y de servicios están acostumbrados al debate amplio, arduo y puntual para exponer lo bueno y lo malo de la vida de la institución, pero pocas veces habían sido incorporados de esta forma. Todo este ejercicio democrático fue coronado por una votación unánime de los consejeros universitarios. ¿Qué se aprobó? Un amplio abanico de principios que redundan en lo que dijimos líneas antes: la nueva cultura universitaria que apunta a la inclusión, equidad e igualdad de género, la garantía de que los alumnos y trabajadores convivirán en espacios libres de violencia, así como la salvaguarda de sus derechos humanos. Todo esto viene aderezado con la preservación del medio ambiente, el cuidado del patrimonio universitario; así como reformas en el ingreso, promoción y permanencia del personal académico, además del fomento a las relaciones de la BUAP con otras instituciones en el mundo. Todo esto se traducirá en políticas institucionales que regirán la vida universitaria, de ahí que ahora no podrán existir programas sin una perspectiva de género y la erradicación de la discriminación, por poner solo un ejemplo. Sin embargo, todo este ejercicio desemboca principalmente en el fortalecimiento de la autonomía universitaria, es decir, la independencia política y administrativa de la universidad pública para definir las mejores prácticas para su vida interna, con el añadido de que la incorporación de esta nueva cultura representa el mejor acompañamiento que una sociedad, un estado y un país demandan por parte de su universidad a fin de impulsar una transformación de fondo de la realidad, lo que confirma —una vez más— la amplia e importantísima vocación social de la BUAP. La Ley Orgánica o la Ley de la BUAP es la máxima norma que regula su actividad y, a partir de ahí se deriva todo el corpus legal para cumplir los objetivos. Por eso, ahora, el Poder Ejecutivo tendrá conocimiento de la iniciativa y la llevará a su aprobación al Congreso del estado. La etapa más importante está solventada a través de una nueva praxis de la política universitaria en la que la actual rectora Lilia Cedillo demostró por qué su arribo era necesario para recomponer de fondo a una institución crucial para la vida de Puebla. ¡Enhorabuena!
jueves, noviembre 21, 2024
