A dos años del inicio de su gobierno, para el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta sigue clara la línea que llevará su administración: “La aplicación de la ley en contra de los exfuncionarios que dañaron al estado, aunque se hagan llamar perseguidos políticos”.
En su visita al Congreso del estado para entregar su informe de labores, el mandatario poblano manifestó que en su administración se mantendrá el combate frontal a la inseguridad, la corrupción y los actos ilegales, desde sexenios pasados y al interior de su propio gobierno.
Se acabaron los privilegios en el estado, pues no se permitirán que haya sujetos protegidos por el tamaño de sus riquezas o por los cargos que ocupen y que cometan ilegalidades, aseguró en su discurso de más de hora y media.
“La ley se tiene que aplicar… quienes violaron la ley antes, cuando se inicia la investigación son perseguidos políticos, bueno, que así se llamen, pero la ley se va a aplicar, aunque se llamen perseguidos políticos”, expresó en su mensaje al Pleno.
En ese sentido, Barbosa Huerta hizo énfasis en que en el estado no existen personas detenidas por causas que no estén vinculadas a asuntos perfectamente acreditados, pues en la entidad está garantizada la libre expresión, libre manifestación y reunión, así como el respeto a los derechos humanos.
No obstante, consideró que para continuar con el combate a la corrupción se necesita el fortalecimiento de las instituciones encargadas como el Sistema Estatal Anticorrupción y el Consejo Ciudadano, así como de la aplicación de la ley para quienes cometieron violaciones.
Reiteró que se siguen con las investigaciones en contra de los personajes y actores políticos del pasado reciente que violaron la ley, por lo que convocó a todos los servidores públicos a cambiar las prácticas desde el gobierno.
“No me temblará la mano para renovar la policía”
Miguel Barbosa destacó que durante su gobierno el combate a la inseguridad ha sido una de las principales tareas que ha enfrentado, tanto a las bandas delincuenciales como a la colusión entre ellas y los mandos policiacos.
Reconoció que al momento de llegar a la administración pública heredaron un régimen de inseguridad imperante en el estado, en donde los mandos de seguridad y fuerzas del orden público tenían nexos con líderes de grupos criminales que habían desbordado los índices delictivos.
Ante esto, la estrategia del gobierno estatal fue el incremento de la inversión pública por más de 4 mil millones de pesos para la adquisición de patrullas y armamento para el fortalecimiento de la policía.
Refirió que las policías públicas se deben renovar de manera cíclica. “No estoy satisfecho del estado de la seguridad pública del estado, sigue habiendo corrupción, sigue habiendo vinculación y estamos luchando todos los días por renovar las cosas (…) He renovado la policía en más de dos ocasiones y puedo seguir renovándola sin que me tiemble la mano, porque conmigo nunca se acercan a proponerme cosas indebidas”, apuntó.
Resaltó que en los dos años de gestión que lleva se han detenido a más de 2 mil presuntos delincuentes, por lo que pidió a la Comisión de Seguridad Pública del Congreso se acerque más a los trabajos de la secretaría.
Van por limpieza en el transporte
El mandatario estatal también dijo que uno de los objetivos de su administración será el heredar un sistema de transporte público actualizado, a diferencia de los gobiernos panistas que lo dejaron en el abandono.
Señaló que tras la aprobación de la Ley de Transporte que envió al Congreso del Estado, buscará la expedición de una Ley de Movilidad en la que irán por el reordenamiento del transporte con la cancelación de concesiones piratas para la entrega de nuevos permisos.
En este sentido, adelantó que el gobierno estatal está cerca de judicializar los casos en contra de los exsecretarios encargados de la modernización del transporte y que no cumplieron con ello.
“Vamos a otorgar nuevas concesiones, pero también vamos a clausurar miles de concesiones irregulares, vamos a regular las grúas, se va a acabar la forma de concesionar con la palabra (…) también vamos a judicializar contra los responsables del manejo en otro tiempo”, dijo.
Al mismo tiempo, indicó que al igual que se ha hecho en la Secretaría de Movilidad y Transporte, la Secretaría de la Función Pública tiene abiertos expedientes en contra de funcionarios de las actuales dependencias por irregularidades para evitar casos de corrupción.
Respeto a partidos y órganos autónomos
El gobernador de Puebla manifestó su reconocimiento a los organismos autónomos y poderes del estado al expresar que su gestión no intervendrá en ellos.
Recalcó que en su administración se ha entregado el mayor presupuesto para organismos como el Poder Judicial Estatal y la Fiscalía General del Estado para eficientes sus operaciones.
De igual manera, dijo que respeta la autonomía del Instituto Electoral del Estado (IEE) y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) al garantizar su libre ejercicio en el pasado proceso electoral.
Además de destacar la libertad de expresión de los partidos políticos locales al considerar que se necesitan a la oposición como un contrapeso natural.
