El gobernador Sergio Salomón Céspedes sostuvo que su administración se mantiene al margen del conflicto entre los miembros de la Fundación Mary Street Jenkins, pues es un tema que se dirime en otra cancha y no forma parte de la agenda del estado.
Lo anterior luego de que integrantes de la fundación iniciaron una defensa jurídica para evitar que sean removidos de la administración del patronato. A través de un comunicado, pidieron al mandatario garantizar el respeto a la legalidad.
El pasado 4 de marzo, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, a cargo de José Daniel Vázquez Millán, inició un proceso administrativo para relevar a los integrantes del patronato y colocar a una nueva junta directiva.
“La Fundación Mary Street Jenkins, encabezada por su auténtico y original patronato, está en la mejor disposición de establecer un diálogo respetuoso con el Gobierno del Estado para exhibir los abusos e irregularidades de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada en la entidad”, señala el comunicado.
Al respecto, Sergio Salomón Céspedes indicó que la Junta actuó de acuerdo con un resolutivo y acató un mandato judicial, ya que seis integrantes de la familia Jenkins aun cuentan con órdenes de aprehensión.
Los señalados están involucrados en el desfalco a la fundación mediante el envío de 630 millones de dólares —que equivalen a 12 mil 689 millones de pesos— con destino a paraísos fiscales de Barbados y Panamá.
“Quiero reiterar que el gobierno es y será muy respetuoso de los asuntos legales que se estén dirimiendo en otra cancha, no es un tema del Estado, no está en la agenda del Estado”, apuntó Céspedes Peregrina.
En su conferencia matutina de este jueves, el mandatario señaló que se trata de un tema entre particulares que tendrán que resolver las autoridades judiciales que están encargadas del caso.
“Así es que nosotros estaremos muy atentos. Y en el caso de la Junta (para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla), la junta solo resuelve o acató un mandato judicial”, subrayó.
La intención de colocar a nuevos integrantes en el patronato provocó el enfado de los emisarios de la familia Jenkins, quienes acusaron que el proceso administrativo promovido a inicios de mes ocurre sin que cuenten con facultades, por lo que aseguraron que la consecuencia será la reparación de todos los daños que se lleguen a ocasionar contra la fundación.
“En esta maniobra ilícita se encuentran coludidos Guillermo Jenkins de Landa y José Daniel Vázquez Millán, con la intención de violentar una vez más los derechos de la institución y su patronato legalmente constituido, como está debidamente acreditado en resoluciones firmes del Poder Judicial”, apuntó la fundación.
PIDE A LAS PARTES NO AFECTAR A ESTUDIANTES
A su vez, el titular del Ejecutivo del estado hizo un llamado a no involucrar al gobierno de Puebla ni a los estudiantes ni a sus familias en un tema que, reiteró, es un conflicto entre particulares.
“Espero que las partes involucradas en este tema entre particulares, incluso entre la familia, nos ayuden a ser respetuosos del Estado, que no involucren en su estrategia legal y mediática al Estado, a los estudiantes, en su momento, al espacio de su familia”, comentó.
Finalmente dijo que el gobierno estatal se mantendrá muy atentos para brindar seguimiento al tema, pero también “muy respetuoso de ello”, indicó al tiempo de señalar que “el Estado no es ni parte ni juez en este asunto”, acotó.
