El gobernador Miguel Barbosa Huerta formalizó su iniciativa de reforma para castigar hasta con 6 años de cárcel a los servidores públicos que contraten u omitan separar a policías que no cuenten con el Certificado Único Policial en Puebla.
El Congreso del Estado recibió en sesión ordinaria del Pleno la iniciativa de reforma al Código Penal y la Ley Orgánica Municipal del Estado para incluir dos causales en el delito de abuso de autoridad o incumplimiento del deber legal de los servidores públicos.
En su propuesta, el Ejecutivo Estatal señala que parte de las atribuciones de los Ayuntamientos es la de establecer la fuerza policial, vialidad y del orden público del municipio.
La iniciativa propone incorporar la fracción XVI Bis para calificar como abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal cuando contraten, propongan, designen o nombren a personal de las instituciones policiales sin que cumplan los requisitos del Certificado Único Policial y registro vigentes establecidos en la Ley de Seguridad Pública del Estado.
También adiciona la fracción XVI Teo, en el mismo artículo se sancionará cuando se omita separar del cargo al personal que no cuente con el certificado y los registros establecidos en la Ley de Seguridad Pública Estatal.
De acuerdo con el artículo 420 del Código Penal local, el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal se sancionará con prisión de 6 meses a 6 años y multa de 20 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Asimismo, la iniciativa busca que se castigue con prisión de 3 meses a 7 años y multas de una a 10 UMA a la persona que acepte el empleo, cargo o comisión en alguna institución policial sin contar con el Certificado Único Policial y registro vigentes.
En cuanto a la Ley Orgánica Municipal, la reforma establece que los integrantes del cuerpo de seguridad pública municipal deberán contar con la certificación y registro de la Ley de Seguridad Pública del Estado.
MORENA LA RESPALDA, PAN EVITA POSICIÓN
Ante la presentación de esta iniciativa, el diputado de Morena, Roberto Solís Valles, se pronunció a favor al considerar que ya era necesario implementar este tipo de sanciones en las omisiones de los presidentes municipales.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso expresó que esta reforma puede servir para evitar que los alcaldes utilicen los espacios en la Secretaría de Seguridad Ciudadana para cumplir con los compromisos que hicieron en campaña.
“Ya era necesario, tiene que haber un tema de capacitación, de que los presidentes y presidentas municipales estén haciendo una constante revisión de a quien ponen (…) Creo que va a ser muy bueno porque dejará un precedente de quienes contengan a una candidatura a presidentes municipales ya no vean el tema de la seguridad pública como un sistema de vacantes para desahogar compromisos de campaña”, dijo.
Agregó que este tema también debe incluir al Consejo Estatal de Seguridad Pública para que refuercen los exámenes de confianza para la contratación.
En tanto, la legisladora panista Mónica Rodríguez Della Vecchia acotó que se debía aplicar este tipo de sanciones para los funcionarios del gobierno federal por falta de preparación para el cargo.
En días pasados, el coordinador de la bancada del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, consideró que se necesita condonar el pago de los exámenes de control de confianza a los Ayuntamientos para que puedan aplicarlos de forma constante, pues siempre ponen como excusa la falta de dinero para ello.
