El gobierno del estado denunció penalmente al exgobernador Antonio Gali Fayad, por el fraude cometido en la construcción de la plataforma de Audi, pues como secretario de Infraestructura de Rafael Moreno Valle, entregó contratos de manera ilegal a la empresa Codesa para la realización de la obra.
Lo anterior según dio a conocer el gobernador Miguel Barbosa Huerta en su conferencia matutina, en la que precisó que la denuncia interpuesta en torno a esta obra es contra los exservidores públicos del morenovallismo que estuvieron involucrados en la entrega de contratos.
“Efectivamente es en contra de servidores públicos que participaron en el otorgamiento de este contrato de esta obra, de este PPS, sí alcanza a todos la responsabilidad”, subrayó al preguntarle si dentro de la denuncia estaría incluido el exmandatario.
Miguel Barbosa explicó que el “gran litigio”, que se espera estalle pronto, es contra la empresa responsable de la obra de la plataforma Audi y este será de naturaleza civil, mercantil y fiduciaria, y por vía penal se presentaron ya las denuncias contra los exservidores involucrados en la entrega de contratos por las diversas irregularidades.
Señaló que las irregularidades encontradas en esta obra —que contó con un esquema APP (Asociación Publico-Privada)— alcanza a todos los exservidores públicos del morenovallismo que hicieron “muchas cosas” fuera de sus atribuciones legales.
“Modificaron valores, hicieron muchas cosas fuera de sus atribuciones. Es un asunto muy torcido. No tenían pudor los señores que gobernaban Puebla, no tenían pudor ni remordimiento”, recriminó Barbosa Huerta.
El gobierno del estado proyectó destinar mil 443 millones 165 mil 458 pesos para cubrir los compromisos financieros anuales producto de las obras del morenovallismo como la plataforma de AUDI, a la cual se le destinarían 753 millones 748 mil 139 pesos en 2023.
La plataforma fue ejecutada a través del esquema de financiamiento en Asociación Público-Privada para cubrirse en un periodo de 15 años a partir del 3 de noviembre de 2012, por lo que el contrato de dicha APP quedó cubierto hasta el 15 de noviembre de 2028.
PESE A CAIDA DE BALLENA, CODESA RECIBIÓ OBRA
Las obras corrieron a cargo de la empresa Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Santa Fe (Codesa), propiedad de Luis Mier, quien no solo fue beneficiado con este proyecto por Antonio Gali en su época de secretario de Infraestructura, ya que como gobernador recibió más contratos de obra.
Antes de las obras en Audi, Codesa se hizo cargo de la construcción del viaducto elevado de la Calzada Zaragoza, cuyo contrato entregado por Gali Fayad fue de 486.5 millones de pesos en 2011.
En enero de 2012, en pleno proceso de construcción, una de las ballenas de 30 metros de largo del viaducto se desplomó dejando daños en la zona, como vidrios rotos de inmuebles ubicados en los alrededores.
Debido al incidente, la empresa fue multada con 1.1 millones de pesos, de acuerdo con declaraciones del entonces titular de Infraestructura, Antonio Gali. En ese mismo año, el gobernador Rafael Moreno Valle le entregó un contrato por más de 5 mil millones de pesos y se proyectó a pagar hasta noviembre de 2024.
La plataforma fue ejecutada por la empresa Evercore a través del esquema de financiamiento en Asociación Público-Privada para cubrirse en un periodo de 15 años a partir del 3 de noviembre de 2012, por lo que el contrato dicha APP quedó cubierto hasta el 15 de noviembre de 2028.
El pago de esta obra, que se ejecutó a través del esquema APP, fue pactado a cubrir en un periodo de 15 años, a partir del 3 de noviembre de 2012, siendo el 15 del mismo mes, pero de 2028, cuando deberán estar saldadas; el costo total fue de 5 mil 79 millones 315 mil 613 pesos.
Los pagos por las plataformas de Audi, MIB y CIS, representan 3.4 por ciento más de los mil 395 millones 89 mil 478 que se etiquetaron para este año.
Entre 2012 y 2015, el gobierno de Rafael Moreno Valle estableció una serie de estrategias para cumplir con la escrituración de las 460 hectáreas para la plataforma, las cuales servían para el cultivo y pastoreo.
Para ello fue necesario que ejidatarios vendieran a precio bajo sus parcelas por la vía de contratos de cesión de derechos parcelarios a funcionarios del gobierno estatal que supuestamente se hicieron pasar por ejidatarios.
Con ello, estos ejidatarios fungieron como intermediarios ante el Banco Estatal de Tierra para vender los predios a la autoridad estatal, quien en contubernio realizaron los trámites de compra-venta con los supuestos ejidatarios, sin que fueran los originales.
Este miércoles, el gobernador precisó que el litigio que emprenderá su administración sería contra las empresas que formaron parte de la contratación —erróneamente se adjudicó a la empresa Evercore—, pues en torno a la edificación de la plataforma se cometieron diversas irregularidades.
