Hasta nueve días después de que pobladores de las juntas auxiliares de San Miguel Canoa y La Resurrección denunciaron la falta de seguridad pública en sus demarcaciones y lanzaron la advertencia de que podrían aplicar un toque de queda, el equipo del alcalde Eduardo Rivera Pérez recibió a una comitiva de personas en las oficinas de la Secretaría de Gobernación municipal la tarde de este martes.
A decir del edil, tras la serie de presiones de los pobladores adscritos al Consejo Indígena de La Resurrección, la Comuna tomó la decisión de reforzar la seguridad en ambas demarcaciones con la presencia de más policías municipales.
En la reunión de este martes, expuso, participaron tres representantes de dicha agrupación vecinal, donde acordaron que se llevarán a cabo distintos operativos en las vialidades con mayor índice delictivo de ambas juntas auxiliares.
“Fue una comisión de 10 a 15 personas, las tres personas de La Resurrección que se reunieron con el secretario de Gobernación. Lo que he dicho, hay coordinación con los presidentes auxiliares, diálogo por parte de los mandos, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de cada uno de los presidentes auxiliares”, aseguró el alcalde.
El acuerdo ocurrió hasta nueve días después de que los pobladores de San Miguel Canoa y La Resurrección advirtieron una serie de medidas para protegerse de la inseguridad ante las omisiones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), entre estas, implementar un toque de queda.
La falta de respuesta de las autoridades municipales para proveer de más seguridad, ocurrió a pesar de que hace no más de un mes, la Comuna adquirió 311 patrullas con un costo de 180 millones de pesos, mismas que no se sabe en qué zonas fueron distribuidas, toda vez que las juntas auxiliares siguen padeciendo desde robos hasta embolsados.
Los pobladores de ambas juntas auxiliares denunciaron que día a día viven la falta de policías y los pocos que hay no están capacitados, así como escaso diálogo por parte de la autoridad municipal, y un promedio de entre cuatro y cinco asaltos al día.
Durante la visita de los inconformes a las oficinas de la Secretaría de Gobernación municipal, sostuvieron un breve diálogo con medios de comunicación en el que advirtieron que aún sin la venia del presidente municipal, llevarían a cabo el toque de queda ante la falta de patrullaje por parte de la policía municipal.
Máximo Cuatlaxahue, representante de la agrupación indígena, reveló que incluso los mismos pobladores han hecho el trabajo que le corresponde a la SSC pues, por ejemplo, localizaron mediante dron un remolque robado, mientras que la policía municipal sólo dio parte a la Fiscalía General del Estado (FGE) y se quedó cruzado de brazos para resolver la denuncia.
“El tema de la inseguridad está desatado, es más, el día que declaró el presidente municipal minimizando el asunto, al otro día balean a un habitante de la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio, trató de defenderse del robo y le ponen un balazo en la cara”, indicó.
El dirigente de la agrupación manifestó que si la asamblea del Consejo Indígena determina que la decisión para disminuir la incidencia delictiva es implementar un toque de queda lo harán, sin importar la opinión del munícipe o de los presidentes auxiliares.
En el caso de San Miguel Canoa, expuso que en promedio ocurren allí entre cuatro y cinco asaltos a transeúntes diariamente, lo que los orilla a tomar otras decisiones drásticas, como implementar un esquema de fraccionamiento, al cerrar los accesos principales e imponer una serie de requisitos para el ingreso.
SE QUEDAN SIN AGUA
Agregó que no sólo es el tema de la inseguridad, sino que también está pendiente que la Comuna intervenga en la problemática de un adeudo que enfrenta la comunidad de San Miguel Canoa con Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 12 millones de pesos, lo que ha dejado sin operación a pozos que suministran de agua potable a la comunidad.
Las juntas auxiliares de la capital poblana, desde hace años, han sido azotadas por la inseguridad por delitos como asaltos a transeúntes, robos en transporte público, de autopartes y narcomenudeo, según han expresado los propios ediles subalternos.
A esto hay que sumarle que, por ejemplo, en septiembre de este año, el presidente auxiliar de San Miguel Canoa, Ruperto Pérez Lima, reconoció que la SSC solo les ha proporcionado una patrulla para hacer rondines en la demarcación.
Aunque no hay cifras de incidencia delictiva por cada junta auxiliar, el reporte que proporciona la Fiscalía General del Estado ofrece un panorama en todo el municipio, donde tan solo de enero a octubre se cometieron 35 robos en todas sus modalidades diariamente, siendo el de vehículo automotor, casa habitación, transeúnte y a negocio, los que más se cometen en la Angelópolis.
Antes de la reunión, Eduardo Rivera Pérez declaró que la ciudad “no está en condiciones de guerra” como para implementar medidas de seguridad como el toque de queda, además de que aseguró que la Comuna está coordinada con los ediles subalternos para proporcionar vigilancia a los vecinos.
