Los ayuntamientos que pretendan realizar el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) para el próximo año, deberán primero aprobar en Cabildo la Ley de Ingresos para el ejercicio 2023, y después enviar su iniciativa al Congreso del Estado.
El gobernador Miguel Barbosa Huerta indicó que serán los diputados locales quienes analicen y, en su caso, aprueben el cobro de este derecho en los municipios que lo soliciten, pero aclaró que no se trata de un impuesto ni es inconstitucional.
En ese sentido criticó que quienes siguen planteándolo como un impuesto es porque tienen intereses políticos en sus argumentos, como el diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, quien recientemente dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe invalidar el cobro del DAP.
“Está perfectamente claro que el cobro del DAP, que no es impuesto, es un derecho, no es inconstitucional, está claro ya. Quienes sigan planteándolo de esa forma, son argumentos que solamente tienen interés político, eso es”, puntualizó Miguel Barbosa.
El cobro del DAP es un tema que ha sido utilizado por el legislador federal morenista, quien no ha descartado que buscará la candidatura de su partido a la presidencia municipal de Puebla para las elecciones de 2023.
El mandatario aclaró que el cobro del alumbrado público siempre ha existido en todo momento, pero en diferentes modalidades, desde la cooperación que se recaudaba casa por casa para pagar la iluminación de las calles, hasta la actualidad, en la forma jurídico fiscal de un derecho.
“Cada semana pasaba del ayuntamiento a cobrar la aportación para el alumbrado público, no recuerdo cuánto era, unos pesos, pero cada semana y así, después la CFE extendió las formas de cobro y comenzó a hacer el cobro, primero agregado, y después segregado del consumo de luz”, relató Miguel Barbosa.
El mandatario indicó que todo consumo de energía eléctrica representa un costo para la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues este organismo “no da de regalo nada, por eso también tiene tantas deudas acumuladas sobre ayuntamientos”, apuntó.
Y reiteró: “No es un derecho inconstitucional, que lo digan claramente y no es traición a nadie, por favor, quien lo dice nada más quiere usar argumentos de simulación”, reprochó.
Explicó que para el próximo ejercicio fiscal 2023, los ayuntamientos que pretendan cobrar el Derecho de Alumbrado Público a la ciudadanía deberán incluirlo en sus proyectos de leyes de Ingresos, los cuales serán remitidos al Congreso del Estado entre noviembre y diciembre próximos.
“Los ayuntamientos que quieran que ese derecho sea considerado en su Ley de Ingresos tiene que ser aprobado en su proyecto de Ley de Ingresos y enviarlo al Congreso para su discusión y, en su caso, aprobación, eso es el trámite que se va a dar”, puntualizó.
Dijo además que los diputados de la LXI Legislatura estatal tendrán que decidir a qué municipios se les autoriza el cobro del DAP para el 2023, aunque se prevé que esta discusión sea politizada como ocurrió el año pasado.
“Hay partidos políticos que han sido gobierno ya y toman posiciones como si fueran partidos que nunca han alcanzado el poder público, qué risa dan. Entonces vamos a ver, se va a caminar, desde el gobierno se tiene que tomar decisiones y nosotros las tomamos”, acotó.
Uno de los municipios a los que no se les autorizó el cobro del DAP en su Ley de Ingresos para 2022 fue a Puebla capital, por lo que el presidente municipal Eduardo Rivera ha adelantado que buscará generar un consenso para que este año sí se le permita; sin embargo, el presidente del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes, dijo que el alcalde primero debe recurrir a una reordenación de los recursos con los que cuenta el ayuntamiento, antes de pensar en cobrar el DAP en 2023.