La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asestó un duro golpe a la familia Jenkins de Landa al negarse a atraer el juicio de amparo y cuatro quejas más presentadas por el clan a raíz de la decisión de la Fiscalía General de la República de reabrir una carpeta de investigación por los delitos de fraude, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Dicha resolución confirma la vigencia de la carpeta FED/SEIDO/UEIORPIFAM-PUE/000934/2020, lo mismo que las órdenes de aprehensión en contra de seis de los integrantes de la familia Jenkins de Landa, quienes fueron defenestrados en marzo de 2021 de la Fundación Mary Street Jenkins al estar involucrados en el desfalco de 630 millones de dólares (alrededor de 12 mil 689 millones de pesos) de la institución y los enviaron a paraísos fiscales para así tener la posibilidad de acceder a ellos.
Al rechazar la atracción de los amparos del clan Jenkins y sus abogados, la Primera Sala de la SCJN estableció que será el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal el que resolverá si fue procedente o no la reactivación de la denuncia penal por el desfalco a la Fundacióin Jenkins, cuya carpeta fue iniciada por Guillermo Jenkins de Landa en 2013 luego de ser expulsado del patronato por denunciar que se estaba violando la voluntad de su abuelo William O. Jenkins.
Este caso judicial es independiente a las varias carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado en contra de la familia, sus abogados, así como del exrector Luis Ernesto Derbez Bautista, a quienes se les responsabiliza de defraudar a la Universidad de las Américas Puebla.
LA HISTORIA
La Fundación Jenkins fue creada en 1954 por el patriarca William O. Jekins, quien dejó cláusulas que limitaban el uso del patrimonio de las misma, sobre todo que sus familiares no podrían heredar los millonarios recursos generados. A lo sumo, recibirían una pensión mensual porque el objetivo era que ellos forjaran su propia riqueza.
Fue 40 años después de la creación de la institución -que aglutina a la Universidad de las Américas Puebla, el Colegio Americano de Puebla, los clubes Alpha, entre otros- cuando iniciaron una serie de movimientos para cambiar los estatutos de la fundación.
El golpe demoledor ocurrió en 2012 con el apoyo de Rafael Moreno Valle Rosas quien, a través de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia del Estado de Puebla, permitió que se estableciera como patrimonio original de la Fundación la cantidad de 90 millones de dólares, tal y como fue constituida en 1954; mientras que los restantes 630 millones de dólares que también formaban parte del patrimonio en ese momento podían ser utilizados para fines comerciales y fideicomisos.
Toda esa situación llevó a Guillermo Jenkins a denunciar penalmente a su familia y en respuesta fue expulsado del patronato.
En mayo de 2018 cuando la entonces Procuraduría General de República determinó el No Ejercicio de la Acción Penal. A decir de Guillermo Jenkins, las autoridades incurrieron en varias irregularidades como el hecho de que la notificación de la medida fue entregada al abogado de la familia y no a él que era el denunciante, por lo que no pudo controvertirla en los tribunales.
Aunque parecía que los Jenkins habían ganado la batalla, en 2020 la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que la Fundación Mary Street Jenkins no cumplió con el objeto social para el que fue creada y autorizada. Eso significaba la presunción de un mal uso del patrimonio.
Posteriormente, en julio de 2020, la Fiscalía General de la República revocó el acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal y abrió el expediente FED/SEIDO/UEIORPIFAM-PUE/000934/2020 por los delitos de lavado de dinero, fraude, delincuencia organizada, evasión fiscal, entre otros.
A la par, la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de la situación que prevalecía en la Fundación Jenkins e inició la carpeta de investigación 2886/2020/ZC.
La reactivación de la denuncia permitió su judicialización y el 8 de marzo de 2021, un Juez de Control de Almoloya de Juárez liberó órdenes de aprehensión en contra de los Jenkins de Landa y sus abogados por el delito de lavado de dinero. Doce días después, la justicia federal asestó un nuevo revés al clan al negarles el amparo, por lo que su categoría jurídica era de prófugos de la justicia.
La Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla también presentó en marzo de 2021 una denuncia penal por el desfalco de los 12 mil 889 millones de pesos a la Fundación Jenkins.
Como se recordará, el conflicto escaló a nivel nacional debido a que la Junta para el Cuidado tomó la decisión de destituir a la familia Jenkins como patronos de la fundación y designó a un nuevo patronato, encabezado por Horacio Magaña.
Ese movimiento propició que también hubiera cambios en la Fundación Udlap debido a que sus patronos eran los mismos Jenkins.
El juez 60 de la Civil de la Ciudad de México ordenó la intervención del campus y entregar el control y administración del campus universitario al nuevo patronato.
Dicha intervención permitió conocer una serie de irregularidades cometidas por Luis Ernesto Derbez, el abogado de los Jenkins, Virgilio Salas Rincón, así como vicerrectores y los propios patronos que habrían desviado más de 200 millones de pesos de las arcas universitarias.
