Víctor Hugo Arteaga, Néstor Ojeda, Mario Alberto Mejía e Iván Rivera
Segunda de tres partes
Uno de los operadores principales en la Operación Angelópolis es Florentino Tavera Ramos, cuya huella fue detectada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP en 32 empresas factureras utilizadas para lavar 427.1 millones de pesos a través de transacciones en 10 países y que a partir de esta investigación se revela que 13 de ellas fueron beneficiadas con unos 280 contratos con entidades de gobiernos municipales, el estatal y el federal.
El periódico Hipócrita Lector, que dirigen Mario Alberto Mejía e Ignacio Juárez, descubrió que estas 13 empresas fantasma obtuvieron contratos en al menos 55 dependencias de los tres niveles de gobierno, así como partidos políticos y universidades de distintas partes del país, según la investigación del reportero Iván Rivera.
Entre las entidades que dieron contratos a estas empresas fantasma utilizadas para por Florentino Tavera para la triangulación de recursos presuntamente ilícitos en 10 países tejida y operada por Tavera se encuentran el Sistema Estatal de Comunicaciones de Puebla, Nueva Alianza, PAN o PRI, el Colegio de Bachilleres o dependencias federales como las secretarías de Cultura y Bienestar.
Se trata de las firmas Agravam, Comercio y Servicios de Consultoría Nasas; Consultores Administrativos y Comerciales Administrativos La Noria; Gitlev; Consultoría y Estrategias de Negocios MSJ; Grupo Estratégico Risoja; Grupo Nerom; Grupo Operador Comercial Tisoarel; Horus, Planeación Comercial y Asesoramiento Empresarial; Obras Civiles e Industriales Richpe; Proyectistas, Desarrolladores y Urbanistas Arezzo; Talleres y Transportes Especializados TAF; así como Siniigna Construcciones e Infraestructura.
Estas 13 firmas poblanas, como reveló Hipócrita Lector, forman parte de un grupo de 32 empresas, de las que Tavera es el representante, que lo mismo se dedican a la construcción, alquilan refrigeradores, ofrecen servicios de capacitación de personal o distribuyen artículos de limpieza como cloro y suavizantes de tela y que en estados como Puebla, Hidalgo y Veracruz, han logrado incrustarse en listas de proveeduría u obtener contratos con distintos gobiernos de acuerdo con una revisión a la Plataforma Nacional de Transparencia.
En esa misma exploración se pudo corroborar que 19 de las empresas que están integradas en la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (en la que igual están involucrados el director de Diario Cambio, Arturo Rueda, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, el exauditor Francisco Romero Serrano y Florentino Tavera), no cuentan con ningún contrato con instancia de gobierno, institución educativa, partido político o convenio de otra índole.
NEGOCIOS DUDOSOS
De estas empresas poblanas constituidas de forma sospechosa en 22 meses, los documentos (entre las que hay registro) apuntan que Consultores Comerciales y Administrativos La Noria es la que obtuvo la mayor cantidad al contabilizar 52 con 18 entes públicos.
La Noria fue contratada en 2018 por el Sistema Estatal de Comunicaciones para el arrendamiento y operación de una unidad móvil de televisión HD por 992 mil pesos, así como el “servicio de metodología y análisis de integración electoral” con el partido Nueva Alianza Puebla en julio de 2018 por 440 mil pesos.
Pero en su acta notarial, la compañía registró giros totalmente distintos como publicidad, asesoría en marketing, servicios de reclutamiento y selección, hasta alquiler de refrigeradores, congeladores, equipo médico para clínicas y hospitales.
Caso similar ocurre con Comercio y Servicios de Consultoría Nasas, la cual, de entre sus 37 contratos, destaca que fue beneficiada de septiembre a noviembre de 2019 por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla para impresión de títulos en papel de seguridad por 162 mil pesos y también vendió a la Universidad Interserrana del Estado de Puebla Chilchotla equipos de cómputo por 459 mil pesos en diciembre de 2018.
No obstante, esta firma, según su acta constitutiva, tiene como principal giro la “prestación de servicios profesionales de reclutamiento y selección, capacitación, suministro y administración de personal, así como la educación y formación de Recursos Humanos”, además de la prestación de “todo tipo de servicios de administración de empresas”.
En la lista también destaca Grupo Estratégico Risoja, cuyas operaciones se extendieron hasta Veracruz, donde recibió medio millón de pesos por parte del PRI para encargarse de la logística de un curso de mujeres en la política en 2019.
Además, ese mismo año obtuvo contrato abierto en Puebla de entre 916 mil y 2.2 millones de pesos por el “servicio de entrega georreferenciada de boletas de pago anticipado de impuesto predial y limpia 2020”, con el gobierno de Claudia Rivera Vivanco y en 2020 cobró 606 mil pesos por el arrendamiento de 80 equipos de cómputo y 40 de impresión con el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE).
No obstante, Grupo Estratégico Risoja fue constituida con el objeto social principal de servicios de telecomunicaciones, consultoría de medio ambiente, alquiler de refrigeradores y servicios profesionales en materia de derecho y reclutamiento de personal, por mencionar sólo algunos.
Estas son parte de las operaciones detectadas en los registros públicos a estas 13 empresas controladas por Florentino Tavera, a quien en su investigación la UIF relaciona con los negocios del diputado Mier y su socio Arturo Rueda, hoy preso en Puebla por extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
