El escandaloso paso de Francisco Romero Serrano por la Auditoría Superior del Estado (ASE) con redes de complicidad para ocultar el beneficio a auditores externos, en específico, y sus procesos penales, son las manchas que el nuevo auditor debe limpiar para corregir el rumbo del órgano de fiscalización superior del estado en los siguientes meses.
En su comparecencia ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, la secretaria de la Función Pública, Amanda Gómez Nava, enfatizó que los hechos suscitados en los últimos meses con el antiguo titular de la Auditoría han perjudicado la imagen del organismo ante los sujetos obligados de revisión y la ciudadanía.
“La institución, me refiero a la Auditoría Superior, (se encuentra dañada) por todos los sucesos que han acontecido en los últimos meses. Creo que debemos de retomar todo lo que es la institución porque es muy importante para el gobierno de Puebla”, externó en entrevista tras su comparecencia.
Frente a los coordinadores de los grupos legislativos, la funcionaria estatal señaló la necesidad de una reestructuración del trabajo al interior del órgano de fiscalización superior para reforzar los trabajos de auditoría.
“Es un organismo dependiente del Congreso, el cual en estos momentos se encuentra muy lastimado; entonces, para poder crear credibilidad tanto entre los seres fiscalizables como en la ciudadanía vamos a hacer revisiones integrales”.
Gómez Nava detalló que estas revisiones integrales se tienen que efectuar a cada uno de los procesos de licitaciones, adjudicaciones directas o concursos por invitación a -por lo menos- tres proveedores que lleven a cabo los entes fiscalizables de la entidad, para tener un control desde su publicación hasta la conclusión de la obra.
Manifestó que este procedimiento permitirá vigilar que se cumpla con cada uno de los requisitos establecidos en los procesos, y en los casos dónde se detecte el incumplimiento, se proceda con la inhabilitación a los proveedores que no cumplan con todas las especificaciones para los servicios que hayan sido contratados.
En su paso por la ASE, Romero Serrano fue señalado por generar una supuesta estructura de despachos externos –en la que se encontraba personal cercano a él y a la Auditoría– que habría sido beneficiada por 42 entes públicos que les pagarían 34 millones 173 mil pesos por las auditorías externas, los cuales entregarían a Romero Serrano el 20 por ciento, es decir, 6 millones 834 mil pesos.
A finales del 2021 se dio a conocer una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía General del Estado, por el delito de violencia familiar contra su pareja sentimental y su hijo menor de edad, cometido en septiembre de ese año. Romero Serrano negó la veracidad de este hecho, sin embargo, el juez de Control de la Región Centro-Poniente de Cholula ordenó su suspensión temporal del cargo de auditor y lo vinculó a proceso el 13 de febrero de este año.
Una semana después, la Fiscalía realizó la aprehensión del entonces auditor suspendido por el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, finalizando su salida de la Auditoría en marzo de este año.
