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lunes, mayo 16, 2022
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Rafael Cepeda, el caballo de Troya de Romero Serrano y JJ

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Pese a estar en prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el exauditor del estado, Francisco Romero Serrano, metió las manos en el proceso de selección del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE). 

De la lista de ocho aspirantes que se presentaron a la etapa de entrevistas ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política, uno de ellos destaca por su turbio pasado con personajes defenestrados de la política poblana. 

Se trata de Rafael Cepeda Morales, un contador público con experiencia que arrastra en la espalda su cercanía con el exdiputado local José Juan Espinosa Torres, y con el propio exauditor Romero Serrano, ambos desterrados del barbosismo por negociaciones turbias. 

El camino de Cepeda Morales comenzó en el gobierno de José Juan Espinosa, en el Ayuntamiento de San Pedro Cholula, en marzo de 2018, cargo en el que se quedó junto a su hermana María del Carmen Espinosa, mientras el edil se fue a competir por una diputación local. 

Tras la victoria de Espinosa Torres, el contralor municipal permaneció en el cargo seis meses para el arranque de la gestión de Luis Alberto Arriaga Lilia, alfil del exalcalde sampetrino, con quien supervisó la entrega-recepción del cargo. 

Tras dejar la comuna de San Pedro Cholula, en 2019, Cepeda Morales fue designado director Jurídico de la Auditoría, con Romero Serrano ya como titular, aunque dejó el cargo en septiembre de 2021. 

Pero más allá de sus relaciones laborales, con Espinosa Torres y Romero Serrano, el aspirante a auditor fue padrino de primera comunión de uno de los hijos del exalcalde cholulteca y de uno de los hijos del exauditor. 

PAN LE SACA TRAPITOS

Todo ese pasado que lo ata con dos perfiles desterrados de la Cuarta Transformación de Puebla, se vio resumido en los cuestionamientos del coordinador del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel, hacia su persona. 

El legislador panista retomó un caso que resonó mucho dentro del Congreso local y que generó una gran incertidumbre entre los diputados locales: el de la presentación tardía de las cuentas públicas 2016 a finales de 2021, y que por la tardanza de áreas como la dirección jurídica –en la que Cepeda Morales formó parte– podrían prescribir el delito y evitar la responsabilidad administrativa, y que curiosamente benefició a Espinosa Torres. 

Molesto por el primer cuestionamiento, Cepeda Morales comenzó a perder el temple en la entrevista frente a los diputados, sus manos comenzaron a agitarse, aprovechaba cada situación para interrumpir al interrogador con el seno fruncido. 

–En su intervención no comentó su paso por San Pedro Cholula– comentó Alcántara Montiel 

–Es correcto– reviró Cepeda Morales, cruzando las manos sin bajar la mirada. 

–En la cual participó usted en la administración de José Juan Espinosa. 

–Ahí lo conocí. 

–Sí correctamente– y también molesto. 

–La duda, ¿de estos ejercicios que tienen ellos pendientes por aprobar cuentas públicas todavía…? 

Ujum. 

–¿Usted no considera que en caso de llegar a la Auditoría pueda generarse un conflicto de interés al calificar las cuentas públicas de las cuales usted participó en una parte del ejercicio del gasto?– concluyó el panista, con el rostro del candidato frente a él. 

Impaciente por preguntar, Cepeda Morales acepta que los conflictos de interés siempre van a existir conforme se revise más el pasado de los aspirantes, pues en su caso, además del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, también fue contralor en el municipio de San Martín Texmelucan. 

El candidato a auditor superior aseguró que en su paso como director jurídico del órgano de fiscalización superior del estado, se excusó de la revisión de las cuentas públicas de los municipios en los que laboró. 

Y sobre el retraso de los informes individuales de las cuentas públicas, el entrevistado aseveró que no fue responsabilidad de su área el retraso, pues gran parte es de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado, ya que al expedirse en 2016, ésta revisaría las cuentas posteriores a ese año, dejando las cuentas anteriores como el gran rezago a atender. 

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