La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su postura en contra de la privatización del agua en cualquier entidad del país, incluyendo el caso de Agua de Puebla, la empresa concesionaria del servicio en la capital poblana y zona conurbada, al señalar que el acceso al agua debe ser un derecho garantizado por el Estado y no un negocio privado.
Al abordar el caso de Aguakan en Cancún, Quintana Roo, Sheinbaum insistió en que la concesión de este servicio debería regresar a manos del gobierno, pues expresó que, en administraciones pasadas, se tenía la creencia de que la iniciativa privada mejoraría la calidad de los servicios.
Sobre el caso específico de Concesiones Integrales SA de CV, sostuvo que cualquier acción legal emprendida por el gobierno estatal deberá realizarse dentro del marco legal.
“No estamos de acuerdo con la privatización del agua; durante un periodo, en algunos estados de la República, se puso de moda privatizar los servicios municipales con la idea de que el servicio privado hace mejor las cosas que el público, pero eso no es cierto”, dijo.
Su postura ocurre luego de que el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reveló que presentará en los próximos días las nuevas reglas de operación para la empresa Agua de Puebla, con el objetivo de mejorar el servicio.
Estas modificaciones ocurrirán luego de que el Ejecutivo, tras varios meses de negociaciones, logró acuerdos con la empresa para hacer cambios a las tarifas, tras el contrato entregado en 2013 durante la administración de Rafael Moreno Valle, según detalló el coordinador de gabinete, José Luis García Parra.
Desde este martes, el gobernador de Puebla anunció una revisión exhaustiva de las concesiones otorgadas por gobiernos anteriores, especialmente las del morenovallismo.
Esta medida busca garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y mejorar la calidad de los servicios proporcionados a través de estos contratos, a los cuales calificó de “leoninos”.
Armenta destacó que la revisión incluye concesiones relevantes como las de las cuatro líneas de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) y el Complejo Museístico La Constancia, entre otras, donde se han detectado irregularidades y se buscará mejorar los servicios.
García Parra reveló que en administraciones pasadas, especialmente bajo el PAN, se entregaron concesiones a largo plazo, comprometiendo recursos públicos por varias décadas.
Un ejemplo de ello es la empresa Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), que posee varias concesiones viales con períodos que van de 30 a 60 años, entre estas la de la autopista Siglo XXI y otras, que han asegurado su operación por varias décadas.
Dado que el gobierno no puede retirar estas concesiones sin incurrir en indemnizaciones millonarias, Armenta explicó que, por ahora, la única opción es negociar con los concesionarios para asegurar que los servicios operen de manera eficiente y justa, como es el nuevo acuerdo tarifario que se tendrá con la empresa Agua de Puebla para Todos.
