Sobre el maldito incremento al transporte público no hay mucho qué decir, no hay mucho qué aportar, pero dado que es un tema eminentemente social, nos vemos en la necesidad de meter nuestras narices.
En primer lugar, para bailar tango se necesitan dos y, como todos sabemos, para que se dé un fenómeno de corrupción se necesitan… sí, acertó usted amigo lector, dos: el corruptor y el corrupto. El que paga y el que cobra, el que incumple y quien se hace de la vista gorda.
Desde los años noventa —que inicié como reportero— cuando ya gobernaba Manuel Bartlett Díaz, era la misma cantaleta de siempre: los transportistas exigían aumento al cobro del pasaje, el gobierno les decía que no, porque sus unidades estaban viejas, feas, contaminaban, parecían cafeteras más que camiones, combis o microbuses y, por lo tanto, no aceptaban esos incrementos.
Los concesionarios respondían que “todo había subido” por lo que era justo y necesario que se elevaran las tarifas. Los choferes eran obligados a hacer paros y se armaba un verdadero desbarajuste, por no decir desmadre, porque los usuarios (los nada culpables en esa trama) llegaban tarde a las escuelas de sus hijos, a sus trabajos, al médico, a los
hospitales y hasta para tomar un camión para viajar a otra entidad. Filas y filas de personas, quienes mostraban su justificado encabronamiento porque los choferes no quisieron dar el servicio.
Hasta que, papá gobierno, ese padre regañón pero benevolente, anunciaba el aumento al cobro del pasaje, ah, claro, pero antes de que eso ocurriera los transportistas hacían un pacto con las autoridades: modernizarían sus unidades y darían un extraordinario servicio, ya no bajarían a las personas en el segundo o tercer carril alejado de la banqueta, las combis o coches de esa naturaleza no permitirían personas de pie; nadie viajaría de palomita o de mosca en los camiones. Vaya, el compromiso era lograr el primer mundo hagan de cuenta la Dinamarca de AMLO de la salud, pero aquí en el transporte.
Al final, los concesionarios incumplían. Cambiaban las unidades no por el acuerdo sino porque ya no podían manejar los camiones o microbuses, ya estaban muy descompuestos.
Estamos hablando de 1994-95 para acá. Es decir, hace 30 años, pero seguramente antes era la misma historia de siempre: concesionarios que exigen aumento, gobierno que dice que no ni maíz, paros, manifestaciones, acuerdo de mejora y cambios de unidades, incumplimiento, y así por los sexenios de los sexenios, amén.
Quien sí se fajó los pantalones fue Melquiades Morales Flores, pues los transportistas fueron a Casa Aguayo a manifestarse, pero la administración los desalojó con la policía estatal. Algo poco usual de don Melquiades Morales porque como gobernador era demasiado tolerante, pero esa vez le colmaron el plato. La respuesta social, por cierto, fue de respaldo al mandatario.
Cuando llegó Morena a la gubernatura con Miguel Barbosa se repitió el mismo fenómeno se dio el acuerdo, se incumplió el acuerdo, pues hasta habría botones de pánico en cada una de las unidades; al final no se atacó a ningún transportista, no obstante, sí acusaron legalmente y encarcelaron al titular del área Guillermo Aréchiga, quien salió libre posteriormente, después de la muerte del entonces gobernador.
¿Qué va a ocurrir? ¿Habrá aumento? ¿Les darán por fin un estate quieto a los transportistas? El tema es ¿los funcionarios obligarán a cumplir su palabra a los concesionarios o se harán de la vista gorda, como siempre?
El tema es muy de fondo: los choferes carecen de seguridad social; no tienen un salario y se les obliga a entregar una cuota diaria; muchas veces las reparaciones de sus camiones, combis y microbuses corren a cuenta del operador y no del dueño de la concesión; todo eso provoca que el servicio sea de pésima calidad, como todos sabemos.
En la cadena alimenticia, los responsables del pésimo servicio siempre han sido los funcionarios de gobierno y los dueños del transporte, abajo aparecen los choferes, ellos solo son la representación de la corrupción que existe en el área. Ellos sólo le dan mordidas a los inspectores de las dependencias porque así funciona el sistema.
¿Por qué nunca obliga el gobierno a los concesionarios a cumplir los acuerdos?
Quizá la respuesta es más sencilla, además de los sobornos, habría que indagar o descubrir si es que hay funcionarios o políticos que al mismo tiempo son concesionarios.
Por ello, si al final no hay cambios, se aplica la máxima que ya se volvió un lugar común: lo que no suena lógico suena a metálico.
Nota Bene
Los gobernantes deberían dejar ya de decir o pensar quién asume el costo político de los incrementos al transporte si el que se va o el que llega. Al ciudadano de a pie se le olvida a los tres meses quién lo permitió. El usuario común y corriente siempre pensará que fue culpa “del pinche gobierno”, es decir, todos y ninguno.
En la expresión “pinche gobierno” caben todos, desde priistas, panistas y ahora los de Morena, no lo hacen particularmente con una figura, son todos, porque para cualquier persona, aunque sea una falacia, “todos los que gobiernan son lo mismo, son iguales”. Lo que debería exigir el ciudadano, eso sí, es que su gobierno obligue a cumplir a los transportistas gandallas, quienes siempre se salen con la suya. Y ahí sí, el pueblo bueno y sabio dejará de pensar que todos son iguales.
