Es la primera vez, de la que exista memoria, que un ayuntamiento pida una línea de crédito de 600 millones de pesos porque ya no hay recursos en las arcas municipales, a tan sólo siete días del cambio de gobierno.
Es un ¡es-cán-da-lo!, señores, un verdadero ¡escan-da-lo!
Por ejemplo, la administración de Luis Banck Serrato le dejó un dinero para operación en la transición a Claudia Rivera Vivanco y los meses de octubre, noviembre y diciembre ya los tenían cubiertos.
De Rivera Vivanco a Eduardo Rivera Pérez les dejaron recursos para poder operar, pagar nóminas y tener para nóminas, actos como el festival de Catrinas en IMACP; los llamados utilitarios: papel, tintas para impresión, jabones, papel de baño y un largo
etcétera y eso que la exalcaldesa más odiada de
Puebla hasta pagó el adeudo que traía la Comuna.
Jamás pidió ninguna línea de crédito.
Ni Gabriel Hinojosa se endeudó para dejarle la administración a Mario Marín ni éste último se endeudó al finalizar su gestión como presidente municipal; ni
Luis Paredes le dejó un problema a Enrique Doger y
así sucesivamente, sólo por poner algunos ejemplos.
¿Qué pasó aquí?
¿Por qué a escasos 10 días de abandonar sus puestos se dieron cuenta de que hay un faltante de la friolera de 600 millones de pesos?
¿Quién mintió? ¿Quién ocultó qué?
De entrada, son varios personajes que deberán
ser llamados a cuentas: el primero y por orden de
importancia debería ser el alcalde capitalino Adán
Domínguez Sánchez, en segundo puesto su antecesor Eduardo Rivera Pérez, porque deberá aclarar si es que el abuso viene de su gestión.
En tercer lugar —y no menos importante— el actual tesorero municipal, Omar Coyópol Solís, y, finalmente, su contralora municipal Alejandra Escandón
Torres, porque ella, mes con mes, debe exigir un
recuento de cómo se ejercieron los recursos, cómo
los justificaron; ella debe entregar las observaciones
correspondientes para evitar que el cabildo les rechace el ejercicio presupuestal y, en segundo lugar, la Auditoría Superior del estado les haga el pliego de observaciones.
Lo peor fue cuando el tesorero Omar Coyópol admitió que habrá un “bono” de salida para los funcionarios favoritos del trienio del grupo de Eduardo
Rivera Pérez. ¿Será que esos 600 millones de pesos
no salgan de la línea de crédito solicitada? Diría una
columna de trascendidos “¿será?”.
Lo más escandaloso fue cuando acusó a la titular de Seguridad Pública, María del Consuelo Cruz Galindo, de ser la responsable y al secretario de Infraestructura, Edgar Vélez Tirado, de ser los responsables del presunto desfalco municipal.
La mayoría de los recursos municipales ya están
etiquetados, por lo que no hay razón para que se
sobregiren. No es la primera vez que la administración de Eduardo Rivera Pérez está en el ojo del huracán; eso ocurrió en 2014 cuando culminó su
gestión y acusó de persecución política a Rafael
Moreno Valle.
Algo no cuadra esta ocasión ¿saldrá a denunciar otra persecución?
¡Pamplinas!
Si todo esto le recuerda la fábula de Pedro y el Lobo no está tan perdido, mi estimado lector.
Algo ya no va bien porque no lo pueden andar persiguiendo cada que asume un cargo público.
Ahora bien, ¿con qué cara Adán Domínguez buscará la dirigencia estatal del PAN?
Hace una semana en este espacio, y perdón por
decirlo así, escribimos que había un rumor sobre
que se llevarían hasta los clips los funcionarios
salientes:
“No lo sabemos de cierto, lo suponemos, pero, así
como se ven las cosas, los municipios donde aún gobierna Acción Nacional no dejarán ni los escusados, ni los clips, ni las plumas mordisqueadas.
“José Chedraui Budib ha sido muy prudente al no
hacer pública la información sobre cómo va el proceso de entrega recepción en el caso de la capital poblana. Fuera de fotografías y boletines que emiten en el área de comunicación social poco se sabe
del estado y del uso de los recursos por parte del
alcalde saliente Adán Domínguez”.
Lamentablemente, el rumor se está convirtiendo en realidad.
Los hechos confirman los dichos.
