Un año ha pasado y, como en cada ciclo de gobierno, llega el tiempo de los informes municipales y el momento de las evaluaciones.
¿Por qué los ciudadanos deben calificar a su autoridad?
El poder público no es propiedad de un presidente o presidenta municipal: es un mandato prestado por los ciudadanos que, tarde o temprano, exige rendición de cuentas. La autoridad municipal tiene la obligación de demostrar qué hizo con la confianza recibida el día de su elección, para qué la utilizó y cuáles son —y serán— sus beneficios sociales.
Los recursos con los que se construyen obras, se organizan ferias o eventos públicos no son regalos del gobernante: provienen de los impuestos y aportaciones que, con esfuerzo, pagan los ciudadanos. Si el dinero es del pueblo, el pueblo debe exigir cuentas claras y conocer con transparencia en qué fue gastado.
Como enseña la filosofía japonesa de la calidad: “si lo que haces no lo evalúas, entonces no lo hagas”. Evaluar es un acto de responsabilidad cívica: permite exigir resultados, corregir errores y evitar que la autoridad se acomode en la indiferencia, el abuso o la corrupción. Una ciudadanía que mide y opina sobre la gestión municipal fortalece la democracia desde lo local, porque solo quien vigila y evalúa asegura que el gobierno le sirva, y no que se sirva de él.
¿En qué ayuda al presidente o presidenta ser evaluado?
El presidente municipal debe ser evaluado porque su legitimidad no termina el día de la elección: se renueva diariamente con el cumplimiento de sus responsabilidades. Gobernar sin evaluación es gobernar a ciegas; no hay manera de saber si las políticas implementadas realmente mejoran la vida de la gente. Someterse a la evaluación ciudadana no es signo de debilidad, sino de madurez política y ética: es reconocer que el cargo es un servicio temporal y que lo importante no es el nombre del gobernante, sino el legado que deja en su comunidad.
A la autoridad municipal le conviene ser evaluada, porque demuestra respeto por sus ciudadanos, humildad en el ejercicio del poder y compromiso con la historia del municipio. Pero, sobre todo, demuestra honestidad. Como bien dicen las abuelitas: “cuentas claras, amistades largas”.
Gobernar no debería ser difícil si ciudadanos y gobernantes entienden que la base de las decisiones inteligentes y útiles es la conversación respetuosa, franca y permanente. Acordar lo que conviene a todos es una regla inevitable de democracia eficiente: promueve la colaboración y evita el uso de la fuerza.
Cuando no existe diálogo entre autoridades y ciudadanos se abre espacio a la corrupción, porque alguien suplanta la voz del otro. Pretender gobernar sin escuchar es falso e inmoral. La corrupción no solo roba dinero, también roba confianza, certidumbre y bienestar; debilita la capacidad de hablar, de participar y de ejecutar decisiones legítimas
Pero, es cierto los presidentes, las presidentas, tampoco esperan que un periódico les diga lo que deben hacer, lo que les conviene hacer, porque, su tiempo y su espacio: “Es mi gobierno”, “es mi presupuesto”, donde he oído esto?
