En toda teoría democrática, los partidos no son un fin en sí mismos, sino un medio. Organizan y canalizan la voluntad colectiva para decidir, en libertad e inteligencia social, el rumbo del sistema de gobierno, sus capacidades y su destino. Por ello, se requieren partidos socialmente eficientes y políticamente responsables.
¿Es moral y ético financiar con recursos públicos a partidos que sobreviven más por alianzas coyunturales que por militancia real? El costo de oportunidad no solo está en los montos que reciben, sino en los bienes y servicios que la ciudadanía deja de percibir.
La discusión sobre la reforma electoral no debe reducirse a un tema presupuestal. Se trata de reflexionar sobre la naturaleza de los partidos, su función social y la legitimidad ética de usar recursos públicos. Los partidos son instrumentos de representación, pero en México han derivado hacia una partidocracia, donde el reparto de cargos y recursos prevalece sobre la construcción de ciudadanía. El dilema es si la reducción del financiamiento, la modificación de la representación proporcional y la introducción del voto electrónico significan mayor eficiencia democrática o recentralización del poder.
El financiamiento con dinero de los contribuyentes es un debate recurrente. Se busca equilibrar la competencia evitando la dependencia de grandes donantes. Sin embargo, en contextos de débil militancia, su legitimidad se cuestiona.
En Alemania, el financiamiento se ata al número de votos, incentivando el contacto con el electorado. En contraste, en Estados Unidos, donde predomina el dinero privado, la equidad de la competencia se reduce.
La experiencia internacional muestra resultados diversos:
- Alemania y España: financiamiento vinculado a votos efectivos, lo que reduce discrecionalidad y fortalece bases sociales.
- Jalisco, México: la fórmula “Sin voto no hay dinero” ató los recursos al respaldo ciudadano, reduciendo privilegios burocráticos y “amiguismos”.
- Europa del Este: en Hungría y Polonia, los recortes sin regulaciones fortalecieron al partido gobernante y redujeron pluralidad.
Esto confirma que los resultados dependen del diseño institucional: austeridad con transparencia o hegemonía con control centralizado.
En esta reforma, el país enfrenta tres posibilidades:
- Austeridad y transparencia. El recorte acompañado de auditorías en tiempo real puede fortalecer la confianza ciudadana. La transparencia, es condición para la legitimidad electoral.
- Hegemonía suave. Sin candados, el recorte afectaría a partidos pequeños y reforzaría al mayoritario, como ocurrió en Rusia en el 2000.
- Democracia abierta. Un diseño que vincule financiamiento con votos efectivos podría descongelar la partidocracia y abrir espacio a nuevas fuerzas políticas, como en Jalisco.
La reforma electoral en México debe analizarse más allá del ahorro presupuestal: lo esencial es su impacto en la pluralidad y equidad de la competencia. La experiencia internacional demuestra que el recorte al financiamiento puede ser positivo solo si se acompaña de transparencia, proporcionalidad y fiscalización efectiva.
Lo que está en juego no es un presupuesto, sino el valor del voto y la confianza ciudadana. La democracia mexicana, resultado de décadas de reformas, no debe reducirse a un trámite administrativo ni a una pugna por recursos, sino orientarse a fortalecer participación y legitimidad.
