Habitualmente, las cifras son fuente de desconfianza; suelen esconder la verdad de las historias humanas y, con frecuencia, la estadística se interpreta como justificación de decisiones políticas. Cuando pensamos en la seguridad como garantía del respeto a la dignidad y al pensamiento libre, casi siempre admitimos el beneficio de la duda, porque la seguridad no son, no pueden ser, sólo números fríos.
Vengo siguiendo los resultados del gobernador Armenta. En Puebla, a mitad de 2025, los datos reflejan una reducción en feminicidios, homicidios dolosos y robos violentos en transporte y viviendas. Muchos lo pondrán en duda: unos por desconfianza sistemática hacia todo lo que proviene del gobierno; otros por convicción opositora o por costumbre de negar. Pero lo importante es que esas cifras, positivas, sustentan con hechos el derecho a vivir con dignidad y sin miedo. No deben ser minimizadas ni evadidas.
Desde diciembre del año pasado, el gobierno de Alejandro Armenta ha tomado decisiones concretas para enfrentar la violencia estructural del estado.
Con todo, siempre es recomendable observar con cautela el discurso oficial. En esta ocasión hay evidencia que no puede ignorarse. Las reducciones sostenidas en delitos graves —verificadas por la Fiscalía del Estado y por medios independientes— apuntan a que algo está cambiando. No se trata de una victoria final, ni de un milagro, sino de una señal alentadora: cuando la seguridad se aborda con prevención, acompañamiento social, tecnología y coordinación institucional, los resultados comienzan a sentirse.
Estas acciones impactan directamente en algo que muchas veces olvidamos: el patrimonio de las familias poblanas. Disminuir el robo a transporte de carga no solo protege mercancía, también resguarda empleos. Reducir el robo a casa habitación defiende años de esfuerzo. Y que haya menos feminicidios no solo salva una vida: protege la red afectiva y social de toda una comunidad. No, la violencia no ha desaparecido. Hay zonas donde aún gobierna el miedo, y delitos como el secuestro o la extorsión siguen sin mejora clara. Pero sería irresponsable y cínico negar que hay un cambio de rumbo.
Estoy de acuerdo: la seguridad no se mide únicamente con reportes de gobierno. Pero esos reportes, cuando muestran avances verificables, empiezan a modificar la realidad. Falta mucho, sí, pero también es cierto que hoy tenemos elementos para medir nuestra capacidad colectiva —sociedad y gobierno— para construir una seguridad que sea, más que una meta política, una fortaleza compartida.
