El gobierno de Estados Unidos revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en lo que fuentes diplomáticas describen como una de las acciones más amplias en décadas dentro de la ofensiva antinarcóticos de la administración de Donald Trump contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos, reveló este martes la agencia Reuters.
De acuerdo con el reporte, las cancelaciones de visas —que hasta ahora se conocían de manera aislada— son mucho más extendidas de lo que se había informado. Una de las fuentes citadas, un político mexicano del partido oficialista Morena, aseguró que más de medio centenar de integrantes de ese partido han sido afectados, además de decenas de funcionarios de otras fuerzas políticas.
Hasta el momento, Reuters solo ha podido confirmar cuatro casos, entre ellos el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien reconoció haber perdido su visa estadounidense, aunque negó cualquier vínculo con el crimen organizado.
Estados Unidos no está obligado a justificar públicamente la revocación de una visa. Según fuentes diplomáticas, el umbral para retirar este documento es mucho menor que el requerido para imponer sanciones o abrir un proceso penal.
“La administración Trump está encontrando nuevas maneras de ejercer más presión sobre México”, declaró Earl Anthony Wayne, exembajador estadounidense en el país entre 2011 y 2015.
Tres exembajadores consultados coincidieron en que, aunque administraciones anteriores también han revocado visas a funcionarios extranjeros, la escala actual es inédita y refleja una estrategia política más abiertamente marcada.
Un alto funcionario del Departamento de Estado, citado por Reuters, confirmó que “las visas, incluidas las de funcionarios extranjeros, pueden ser revocadas en cualquier momento por actividades contrarias al interés nacional de Estados Unidos”. Añadió que la administración Trump “mantiene una buena relación de trabajo con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum” y que espera continuar colaborando en materia de seguridad y comercio.
Ni la Presidencia de la República ni la Secretaría de Relaciones Exteriores han emitido comentarios sobre el caso.
La revocación de visas no se limita a México. En los últimos meses, Washington ha adoptado medidas similares contra figuras políticas de otros países latinoamericanos. En Colombia, el presidente Gustavo Petro perdió su visa tras criticar a Trump durante una manifestación en Nueva York. En Brasil, más de 20 jueces y funcionarios fueron afectados, mientras que en Costa Rica, el expresidente y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias denunció la cancelación de su visa sin explicación alguna.
El exembajador estadounidense en México Christopher Landau, actual número dos del Departamento de Estado, ha admitido abiertamente su participación en estas decisiones y se ha referido a sí mismo como “El Quitavisas”.
La medida ha causado inquietud en la clase política mexicana, que depende en gran medida del acceso a Estados Unidos para viajes, reuniones y gestiones oficiales. Esta política podría tensar la relación bilateral y complicar la cooperación en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
John Feeley, exembajador en Panamá, advirtió que las revocaciones masivas “podrían ser contraproducentes”, al incrementar el costo político de la colaboración con Washington.
Aunque la presidenta Sheinbaum ha buscado mantener una relación pragmática con Trump en temas de seguridad y comercio, ha rechazado las insinuaciones de funcionarios estadounidenses sobre la posibilidad de operaciones militares unilaterales en territorio mexicano.
La ampliación de la ofensiva diplomática de Washington —que combina presión política, inteligencia antinarcóticos y control migratorio— representa un nuevo capítulo en la relación bilateral México–Estados Unidos, marcado por la desconfianza y la incertidumbre entre los círculos del poder mexicano.
