Este miércoles, habitantes del municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, bloquearon en ambos sentidos la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 108. La movilización fue organizada en protesta por la perforación de un pozo profundo en su comunidad, la cual aseguran se realiza sin permisos legales y pone en riesgo el abasto local de agua.
Buenas noches, #AutMéxicoPuebla, km 108. Se informa a las personas usuarias que se registra cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes a la altura del poblado de San Miguel Xoxtla. Toma tus precauciones.
— CAPUFE (@CAPUFE) May 29, 2025
De acuerdo con los manifestantes, la empresa Transportes Castores de Baja California S.A. de C.V. estaría ejecutando la obra sin contar con el título de concesión correspondiente, lo que consideran una violación grave a sus derechos colectivos. La inconformidad vecinal creció luego de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmara públicamente que la empresa no cuenta con la autorización oficial para llevar a cabo esa obra hidráulica, y que ya se ha iniciado un procedimiento administrativo para imponer sanciones, conforme a lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales.
Además de la empresa, la comunidad señala directamente a la presidenta municipal de Xoxtla, Guadalupe Ortiz Pérez, a quien acusan de actuar sin transparencia y de haber negociado el uso del recurso hídrico sin consultar previamente a la población. El conflicto escaló después de que, en una sesión extraordinaria de Cabildo del pasado 25 de abril, se aprobara la cesión del 50% del agua del Pozo número 4 al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), medida que fue recibida con indignación por los habitantes.
El bloqueo provocó un importante congestionamiento vehicular y afectó a cientos de automovilistas que transitaban por esa vialidad clave. Hasta el momento, las autoridades estatales y federales no han emitido un posicionamiento oficial, mientras que los inconformes aseguran que mantendrán las protestas hasta que se garantice la protección del agua como un derecho comunitario y se frene cualquier intento de privatización o explotación sin consulta previa.
Los pobladores de Xoxtla insisten en que su lucha es legítima y representa la defensa del territorio, del medio ambiente y del derecho humano al agua. También exigieron que se haga una auditoría sobre la legalidad de las concesiones existentes y se revise la actuación de las autoridades municipales involucradas en el proceso.
