Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para despenalizar el aborto realizado en clínicas al control del gobierno federal, el Congreso de Puebla analizará la posibilidad de promover una reforma constitucional para que este delito ya no sea penado en la entidad.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Eduardo Castillo López, refirió que los diputados locales se encuentran en el análisis y estudio de la resolución de los ministros de la Corte para ver cuál es el alcance que tiene para los estados, en especial para Puebla.
El coordinador del grupo legislativo de Morena dijo que se analizará la posibilidad de una reforma Constitucional y al Código Penal del Estado para lograr la despenalización del aborto, ya que la sentencia de la Corte estipula que la interrupción del embarazo no podrá ser castigada al practicarse en instituciones de salud administradas por el gobierno federal.
“Lo que tenemos que hacer los congresos locales, en el caso de Puebla, es una reforma a la Constitución Política del Estado, tenemos que reformar también el Código Penal, y ya entraremos en lo local. Es una reforma que ya estaremos analizando y evaluando para que podamos distinguir qué despenaliza la Corte y qué nos corresponde al Congreso del Estado en este sentido”, manifestó el diputado local.
Castillo reconoció que tras meses de dialogar con los diputados locales, el tema únicamente podría salir por mayoría de votos y no por unanimidad, como se buscaba hacer, debido a que hay legisladores “pro vida” cuya postura será la de ir en contra de la despenalización del aborto.
“Hay muchos compañeros que están a favor y otros en contra, otros son próvida, yo quisiera que saliera por unanimidad, pero puedo decirles con certeza que no será así, yo espero que salga por mayoría”, argumentó.
No obstante, el líder del Poder Legislativo en Puebla aclaró que la sentencia de la Suprema Corte no acelera a los diputados locales a entrar en la discusión para la despenalización del aborto, pues es un tema que analizan y podría salir en este periodo legislativo.
“A nosotros no nos acelera esta resolución, con mucho respeto lo digo, porque al rato lo van a malinterpretar en sus medios, nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde y tenemos que hacer reformas en lo local”, enfatizó.
En días recientes, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina informó que solicitará a la Consejería Jurídica del gobierno del estado un análisis sobre la sentencia de la Suprema Corte que sería enviado al Congreso local para su consideración, aunque enfatizó que es competencia total del Poder Legislativo determinar la viabilidad de una reforma en ese sentido.
El pasado 6 de septiembre, la Primera Sala de la SCJN concluyó que las normas que penalizan el aborto voluntario, ya sea que otra persona lo practique o que la mujer o persona gestante se lo autoprocure, son inconstitucionales.
En su resolución, la Sala sostuvo que la criminalización del aborto constituye un acto de violencia y discriminación por razón de género, ya que perpetúa el estereotipo de que las mujeres y las personas gestantes sólo pueden ejercer libremente su sexualidad para procrear y refuerza el rol de género que impone la maternidad.
También se determinó que la norma que impone la suspensión del ejercicio de la profesión al personal médico, a las comadronas y parteras que practiquen un aborto o proporcionen ayuda para su ejecución también es inconstitucional, ya que genera un efecto discriminatorio que se traduce en una menor disponibilidad de profesionales capacitados y dispuestos a practicarlo.
Además, la Primera Sala resolvió que aquellas normas que contemplan que una mujer o persona gestante no debe ser sancionada cuando el aborto se comete por imprudencia, por violación o por grave peligro de muerte son inconstitucionales, porque siguen concibiendo al aborto como un delito y a la mujer como responsable penalmente, aun cuando no se le castigue.
La Primera Sala concedió el amparo a la asociación civil que impugnó el sistema jurídico que sanciona el aborto para el efecto de que el Congreso de la Unión derogue las normas contenidas en el Código Penal Federal que criminalizan el aborto voluntario antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones en que se le notifique la sentencia de este asunto.
