Las palabras de la diputada Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, son brutales, y resuenan como una última llamada para los expresidentes municipales (2018–2021 y 2021–2024):
“No habrá favoritismo ni trato preferencial para nadie. Las observaciones de la ASE deben ser atendidas, porque después no se vale salir a decir que son víctimas.”
Última llamada, sí, antes de que las omisiones pasen a otras instancias, y como una señal de que el nuevo gobierno no tolerará la impunidad de ningún partido político.
Última oportunidad para solventar las observaciones pendientes con la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Fuentes legislativas aseguran que el exhorto no tiene destinatario partidista específico, pero sí un mensaje claro:
Quien no solvente las observaciones, no podrá escudarse en el discurso de persecución política.
