Un regidor del Cabildo poblano y un diputado local, terminaron por tundir al alcalde Eduardo Rivera Pérez, luego de que, durante más de un año, 150 cámaras de vigilancia corporales para elementos de tránsito municipal reposaron en los almacenes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sin ser utilizadas.
Mientras el regidor Leobardo Rodríguez Juárez consideró un despropósito que la Comuna hiciera pasar los 150 artefactos como una inversión propia —cuando el recurso fue erogado por la pasada administración—, el diputado Eduardo Alcántara Montiel expuso que lo preocupante es que la compra fuera olvidada durante más de un año.
Además, el Ayuntamiento de Puebla confirmó todas las sospechas de reciclaje en esta adquisición, toda vez que en un spot para promocionar los artefactos de la marca Hytera, se aprecia que las características coinciden perfectamente con lo establecido en el contrato que se firmó en julio de 2021; es decir, durante la gestión de Claudia Rivera Vivanco.
El promocional especifica, así como el contrato, que los aparatos tienen una pantalla táctil de 2.8” visibles bajo luz directa, tienen el servicio de pre grabación y post grabación, con el inicio de la grabación de video 30 segundos antes y después de pulsar el botón, además cuentan con un botón dedicado para cambiar de transmisión a recepción con reducción de ruido.
Otras características que coinciden con los términos del documento son que cuentan con red 3G, 4G y GPS incorporado, una cámara giratoria, transmite y almacena video simultáneo, tienen visión nocturna, grabación en 1080 HD y visión angular.
A decir de Rodríguez Juárez, la evidencia de que se trata de las mismas cámaras corporales adquiridas en la pasada gestión, es el reflejo de una mentira más por parte de la administración panista, toda vez que en un inicio dijeron que éstas estaban desaparecidas y ahora las presumen como una adquisición propia.
“Las cámaras ahí siempre estuvieron, nunca tuvimos esa duda y siempre lo especificamos públicamente. Lo que no hicieron ellos fue aclarar que ya habían buscado bien o que no les habían reportado a sus áreas y que ahí estaban las cámaras. ¿Cómo es posible que hayan tenido las cámaras guardadas desde hace más de un año? Hoy las presentan como nuevas, qué bueno que las van a ocupar, pero ¿por qué todas las denuncias de corrupción?”, apuntó.
El cabildante consideró que no fue adecuado promocionar la compra como si se tratase de una inversión actual, cuando la administración anterior dejó pagado el paquete de cámaras que llegaron desde octubre de 2021. La situación, dijo, sería peor si se toma en cuenta que la Comuna podría incurrir en un acto de negligencia al comprometer la garantía de los equipos.
En tanto, el legislador panista Eduardo Alcántara Montiel declaró que, aunque no ve mal la reutilización de las cámaras, pues el recurso es público, éstas debieron entregarse a los uniformados una vez asumieron el cargo.
“Si no se encontraban las cámaras tiene que haber algún expediente de responsabilidades en la subcontraloría y qué lamentable que se estuvieran calentando en un anaquel un año en lugar de ponerlas al servicio de la gente.
“¿Por qué hasta ahorita se tratan de manejar? Cuando a lo mejor los pudo ayudar a mejorar el trabajo de la policía municipal. A veces por diferencias políticas se guarda en estos anaqueles y hasta que vio oportunidad lo saco a relucir”, indicó.
Este lunes, el edil Rivera Pérez presumió una inversión total de 3.2 millones de pesos para 150 bodycams, aunque el monto real de adquisición de los bienes fue por 5.6 millones de pesos en julio de 2021; es decir, en la pasada gestión.
El contrato fue firmado por la anterior secretaria de Seguridad, María de Lourdes Rosales Martínez, y el administrador único de la empresa Cecom Mayoristas SA de CV, Armando Méndez. En el documento se acordó la entrega de las cámaras, multicargadores de los equipos, licenciamientos de softwares, así como el servicio de telefonía e internet.
