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jueves, marzo 28, 2024

Lalo Rivera presume entrega de bodycams que “desaparecieron” en la gestión de Claudia Rivera

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Era el mes de noviembre de 2021, un mes atrás, la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco había dejado su cargo en el palacio del Charlie Hall para ceder el lugar a su sucesor, Eduardo Rivera Pérez. Durante los primeros meses, la administración panista acusó en reiteradas ocasiones un boquete financiero por parte de la administración pasada y anomalías en el proceso entrega-recepción.

Una de estas irregularidades denunciadas por la administración entrante fue la presunta desaparición de 150 cámaras corporales para elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). La nueva titular de la dependencia, María del Consuelo Cruz Galindo, aseguró que estas bodycams habían desaparecido, lo que pondría en lupa de las autoridades fiscalizadoras a la gestión morenista.

Pasaron los meses, el tema quedó en un segundo plano y ni el alcalde o su equipo de burócratas dijo una palabra al respecto. No obstante, este martes, el edil presumió con bombo y platillo la entrega de la misma cantidad de cámaras corporales para policías de tránsito y unidades de asuntos internos, con la finalidad de evitar casos de corrupción.

El problema fue que la adquisición de estos artefactos no fue un logro de la actual administración ni ocurrió con recursos de sus últimos ejercicios fiscales, sino que se trató de la misma adquisición que realizó la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco en sus últimos meses en la Comuna.

Lo anterior significa que el munícipe siempre supo que las cámaras de video corporales nunca desaparecieron de los almacenes de la SSC, sino que estuvieron guardadas desde hace más de un año para que el gobierno municipal panista pudiera repartirlas y hacerlas pasar como una inversión propia.

Ayer Rivera Pérez presumió una inversión total de 3.2 millones de pesos para las 150 bodycams, aunque el monto real de adquisición de los bienes fue por 5.6 millones de pesos en julio de 2021 y tomaba en cuenta los multicargadores de los equipos, licenciamientos de softwares, así como el servicio de telefonía e internet.

El contrato CMA-SSC-LP-147/2021/2DA especifica que la empresa beneficiada para vender las cámaras fue Cecom Mayoristas S.A de C.V, cuyo administrador único es el empresario Armando Méndez Gutiérrez y recibió 5 millones 667 mil 807 pesos a través del convenio.

En el documento se especificaron cuatro partidas: 3 millones 325 mil pesos para 150 videocámaras corporales de 2.8 pulgadas, 238 mil 95 pesos para licencias para la recopilación, almacenamiento y monitoreo de los aparatos; 320 mil 987 pesos para un servidor con procesador Intel Xeon; 161 mil 240 pesos para un servidor de almacenamiento tipo NAS; 795 mil 314 pesos para el servicio de telefonía celular; y 44 mil 905 pesos para un multicargador de seis posiciones para descarga de contenido.

El contrato fue firmado con fecha del 16 de julio de 2021 por la anterior secretaria de Seguridad, María de Lourdes Rosales Martínez, y el administrador de la empresa, Armando Méndez, además de que se acordó que los dispositivos se entregarían a más tardar el 14 de octubre de este mismo año, es decir, el último día de la administración.

Fue entonces que, tras el ingreso de la Comuna panista, María del Consuelo Cruz Galindo se encargó de difundir la versión de que las cámaras personales para policías no se hallaban por ningún lado, por lo que incluso se daría vista a la Contraloría municipal para que investigara.

“Las cámaras corporales no, no están funcionando. Las cámaras corporales no se tienen, es un tema de diagnóstico, todo se tiene que reportar a contraloría, estamos esperando los términos y los diagnósticos porque dentro del diagnóstico”, declaró Cruz Galindo en noviembre de 2021.

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