Una investigación de Amanda Taub publicada en The New York Times revela que el gobierno de Donald Trump no solo ha intensificado las deportaciones de migrantes indocumentados, sino que también ha comenzado a enviarlos a terceros países, incluidos aquellos con antecedentes documentados de abusos contra los derechos humanos. El Salvador, Panamá y Costa Rica ya reciben migrantes deportados por Estados Unidos, mientras que se están negociando acuerdos similares con Ruanda y Libia.
Según la nota, en el caso de El Salvador, la mayoría de los deportados parecen ser venezolanos y están siendo recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad ampliamente criticada por sus condiciones de reclusión, que incluyen hacinamiento, aislamiento extremo y falta de contacto con el mundo exterior.
Además, migrantes provenientes de Asia, Medio Oriente y África han sido enviados a Panamá y Costa Rica, incluidos menores de edad, en lo que parece ser un patrón de tercerización del sistema de detención migratoria estadounidense.
Planes en marcha con Ruanda y Libia
En una fase más temprana, el gobierno de Trump también ha entablado conversaciones con Ruanda para recibir migrantes deportados. En el caso de Libia, Estados Unidos llegó a planear vuelos para deportar migrantes de origen laosiano, vietnamita y filipino, pero el plan fue suspendido por una orden judicial. Representantes de los gobiernos enfrentados de Libia han negado haber firmado acuerdos de recepción.
Estas deportaciones a terceros países tienen dos objetivos principales, según Taub: sortear la negativa de algunos países, como Venezuela, de recibir a sus ciudadanos deportados, y disuadir a otros migrantes con la amenaza de ser enviados a prisiones brutales o a países sin garantías legales. La medida parece estar diseñada para provocar lo que la administración llama “autodeportación”.
Expertos legales y organizaciones de derechos humanos advierten que estas prácticas podrían violar el principio de “no devolución”, que prohíbe enviar a personas a países donde puedan ser perseguidas o torturadas. Además, el gobierno de Trump argumenta que las deportaciones a terceros países no están sujetas a revisión judicial estadounidense, lo que ha generado fuertes críticas entre juristas y defensores de derechos humanos.
La periodista Amanda Taub sugiere que esta estrategia puede estar creando un sistema legal paralelo: un “abismo legal” en el que los deportados quedan fuera del alcance de cualquier garantía procesal. En el caso salvadoreño, el propio gobierno ha promovido imágenes del CECOT como una advertencia para quienes intenten migrar ilegalmente a Estados Unidos.
El Salvador, bajo la presidencia de Nayib Bukele, se ha presentado como un socio dispuesto en esta política. El CECOT, una prisión diseñada para alojar a pandilleros y criminales violentos, ha sido utilizada para encarcelar a migrantes deportados desde Estados Unidos. En su visita al centro, Kristi Noem, actual secretaria de Seguridad Nacional, declaró:
“El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para los criminales extranjeros ilegales: VÁYANSE YA. Si no se van, los perseguiremos, los detendremos y podrían terminar en esta prisión de El Salvador”.
Por su parte, países como Ruanda y Libia han sido receptores previos de migrantes expulsados por otros gobiernos —como el Reino Unido o Israel— a cambio de beneficios económicos o políticos, pero con antecedentes ampliamente documentados de violaciones graves a los derechos de los migrantes.
Aunque algunas de estas medidas ya están en ejecución, como en El Salvador, otras están en fase de negociación o han sido frenadas por decisiones judiciales. Sin embargo, el patrón es claro: la administración Trump está construyendo una infraestructura de deportación global, en gran parte fuera del alcance de la justicia estadounidense y en territorios donde las garantías legales son mínimas o inexistentes.
