El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó retirar los fondos federales a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que, según su administración, están implicadas en disturbios recientes, particularmente tras las protestas registradas en Los Ángeles contra las redadas migratorias.
“Instruyo a mi administración a no pagar nada a estos grupos radicalizados, independientemente de dicha legislación”, escribió el mandatario en su red Truth Social, haciendo referencia a la propuesta legislativa “No a los impuestos para disturbios”, impulsada por el congresista Kevin Kiley. Trump pidió que la ley sea aprobada de inmediato, incluso sin esperar el proceso regular en el Congreso.
El mandatario afirmó que algunas ONG están usando dinero público para “incitar disturbios, incendiar o destruir una ciudad” y que luego buscan nuevos fondos para tareas de reconstrucción. “¡¡¡No más dinero!!!”, sentenció en mayúsculas.
Kiley, representante republicano por California, vinculó su iniciativa con las manifestaciones recientes en Los Ángeles y propuso eliminar tanto la financiación federal como las exenciones fiscales a las organizaciones involucradas. Asimismo, solicitó endurecer las penas por agredir a agentes federales o interferir con operaciones migratorias, que actualmente implican un año de prisión sin multa económica establecida.
Entre las organizaciones señaladas, el legislador mencionó a la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), la cual habría recibido 34 millones de dólares en fondos estatales, según su denuncia.
De acuerdo con Kiley, CHIRLA habría difundido en tiempo real la ubicación de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y promovido campañas para su abolición, lo que —según él— contribuyó directamente al clima de tensión durante las protestas.
CHIRLA niega cualquier participación en actos violentos o ilegales y reafirma su misión de defensa de los derechos de los inmigrantes. No obstante, actualmente se encuentra bajo investigación del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.
La organización, con larga trayectoria en servicios legales y apoyo a comunidades migrantes, sostiene que sus acciones se mantienen dentro del marco legal y constitucional. Hasta el momento, no se han presentado cargos formales.
