El presidente Donald Trump ordenó este lunes un megaoperativo migratorio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), enfocado en ciudades gobernadas por demócratas como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, con el objetivo de ejecutar lo que llamó “el mayor programa de deportación masiva de la historia”.
En su red Truth Social, Trump acusó a estos gobiernos locales de “proteger a criminales extranjeros ilegales” y anunció que la nueva meta diaria es de 3,000 arrestos, frente a los 650 que se realizaban hasta inicios de mes.
Agentes del ICE ya comenzaron redadas en zonas urbanas, provocando protestas ciudadanas. Ante la tensión, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, extendió el toque de queda y denunció un clima de “temor generalizado”.
La administración desplegó 4,000 elementos de la Guardia Nacional y 700 marines, generando un choque legal con gobiernos estatales. El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la medida como una “usurpación inconstitucional” y presentó la demanda Newsom v. Trump.
Un juez federal bloqueó temporalmente el uso de fuerzas militares, pero una corte de apelaciones suspendió la orden, permitiendo que los operativos continúen.
Organizaciones civiles convocaron movilizaciones en más de 12 ciudades bajo el lema #SinReyes, en lo que ya se considera la mayor protesta nacional desde el regreso de Trump a la presidencia en enero. El expresidente Barack Obama criticó la medida, pidiendo respeto por la dignidad de las familias migrantes.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la suspensión parcial de redadas en sectores esenciales como agricultura, hotelería y salud, para evitar colapsos laborales.
La operación se mantiene activa, mientras crece la presión en las cortes y en las calles. Estados Unidos enfrenta así una de las crisis migratorias y constitucionales más complejas desde la creación del DHS.
