Familiares de personas privadas de la libertad en el penal de San Miguel bloquearon este martes el Camino al Batán, exigiendo el traslado de un interno identificado como Ernesto Orea, a quien acusan de ser el responsable de extorsiones dentro del centro penitenciario. Los manifestantes, que bloquearon ambos sentidos de la vialidad, pidieron la intervención de las autoridades para reubicar al interno, al que señalan como líder del autogobierno dentro del penal.
Con lonas que exigían el traslado de Orea, los familiares denunciaron que el interno tiene el control de varias áreas dentro del centro, tales como Visita Íntima, Celdas de Observación y Clasificación, y la carpintería, espacios que, según los denunciantes, deben ser pagados por otros reclusos para su uso. Además, acusaron al interno de exigir cuotas de protección, obligando a los demás internos a pagar para evitar ser agredidos, y señalaron que los familiares reciben llamadas en las que se les solicita dinero para garantizar la seguridad de los reclusos.
A pesar de que personal de la Secretaría de Gobernación llegó al lugar para ofrecer una mesa de trabajo y negociar la liberación de la vialidad, los manifestantes rechazaron la propuesta. Los manifestantes aseguraron que permanecerán en el sitio hasta que se logre el traslado de Orea a otro centro penitenciario.
En respuesta, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Puebla emitió un comunicado rechazando los señalamientos realizados por los manifestantes. La SSP defendió las acciones del gobierno, asegurando que se privilegia la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y que se llevarán a cabo investigaciones internas para esclarecer los hechos.
La SSP también hizo un llamado a los manifestantes y a las familias de los internos a presentar denuncias formales si poseen pruebas que respalden las acusaciones de abuso, enfatizando que no se ha recibido documentación o información oficial que sustente las quejas. La Secretaría reafirmó su compromiso con la transparencia y con la colaboración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para garantizar que todos los procesos sean legales y respeten los derechos de los internos.
El caso continúa en desarrollo, y la protesta en las inmediaciones del penal mantiene la atención de las autoridades y la sociedad, quienes siguen de cerca las demandas de los familiares de los internos.
