Para la diputada Aurora Sierra Rodríguez, la decisión de la Jueza de Control de la Región de Cholula, Miriam Huerta Lechuga, que le concedió la suspensión provisional del proceso por violencia familiar a Víctor Hugo Islas y su salida de prisión preventiva, evidencian las lagunas legales que el Sistema Penal Acusatorio y las leyes en Puebla aún tiene y que benefician a los violentadores.
Afectada por la determinación de la jueza, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN)reconoció que “teme por su vida” ante la salida de la cárcel de su agresor, quien intentó culparla de un delito antes de asumir el cargo de diputada local.
“¿Que si temo por mi integridad y mi vida? Lo hago todos los días, pero esto lo hago —hay que decirlo— en el marco de la defensa de las causas que defiendo, esto lo hago por todas las mujeres a las que en distintos espacios procuro dar voz, pediría que con sumo respeto le pudiéramos dar tratamiento a lo estrictamente necesario y saber que esto no se ha acabado”, expresó la diputada en entrevista.
Aunque evitó hacer una crítica al actuar de los jueces y tribunales, la legisladora panista consideró que como víctima de violencia no se encuentra conforme con la modificación a las medidas cautelares dictadas en favor de ella hace dos años.
Señaló que como parte del acuerdo por el que se le permitió salir de prisión preventivas, Víctor Hugo Islas se comprometió a una serie de medidas de comportamiento, las cuales los familiares del acusado han estado como testigos para darles seguimiento y cumplimiento.
No obstante, enfatizó que este acuerdo no implica que Víctor Hugo Islas sea absuelto de su responsabilidad legal, sino que solo se concedió una suspensión condicional por condiciones particulares que se han presentado en su caso, y por los vacíos que existen en las leyes.
“Esperamos que este tipo de medidas nos puedan dar muestra a la sociedad que de alguna manera pueden servir para la modificación de la conducta, que eso es importante revisar y que, en caso contrario, pues debemos seguir como sociedad, y en mi caso como legisladora protegiendo los derechos de las mujeres”, dijo.
Sierra Rodríguez comentó que de manera general estableció como medidas el no dañar la reputación de su parte, no intentar dañar la situación de sus bienes a través de la violencia económica y patrimonial, no generar o iniciar procesos legales —y que en muchos casos derivan en procesos por custodia de los hijos que provocan violencia vicaria—, entre otras.
Advirtió que en caso de que su expareja incumpliera en alguna de las medidas para su salida de prisión preventiva, la Jueza de Control las revocaría y se regresaría al proceso legal como se encontraba, por lo que regresaría a la cárcel.
“Debemos confiar en esa parte, este es un caso en el cual yo misma estoy siendo responsable ante esta situación de permitirnos revisar con este caso, con este antecedente que tanto el Sistema Penal en este estado, que tanto nuestras leyes realmente amparan la vida, la protección y la integridad de las mujeres”, manifestó.
Consideró que el retiro de la prisión preventiva no cubre la reparación del daño para ella como víctima y sobreviviente de violencia.
En ese sentido, consideró que se requieren realizar más reformas a distintas leyes para que las medidas cautelares garanticen la protección de las mujeres víctimas.
