El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que en caso de que existan irregularidades en el proceso entrega-recepción del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ante la salida de Héctor Sánchez Sánchez, éstas tendrán que ser investigadas, lo mismo que, si no hay anomalías, el exburócrata podrá quedar limpio de sospechas.
Barbosa Huerta sostuvo que la decisión de Héctor Sánchez de formalizar su renuncia ante el Congreso del estado fue de forma personal, aunque desconoció si el proceso entrega-recepción concluyó o si ésta determinó alguna responsabilidad, toda vez que es un ente distinto.
El mandatario morenista además reveló que Humberto Arróniz Meza, quien fuese suplente de Héctor Sánchez, también decidió presentar su renuncia al cargo, por lo que el gobierno del estado presentará una propuesta para magistrado a la brevedad.
“Pronto haremos esa propuesta para que esté funcionando el tribunal y sus instancias de manera adecuada (…) El tema de si ya terminó la entrega-recepción de la presidencia que encabezó Héctor Sánchez no conozco esos resultados, es otro poder, yo lo único que puedo pensar es que se va a aplicar la ley, que si no hay irregularidades todo va a quedar bien y que si las hay se van a investigar”, apuntó.
Fue este jueves cuando el galista Héctor Sánchez Sánchez formalizó su caída tras anunciar su renuncia como magistrado del Poder Judicial del Estado y su salida de la vida pública de la entidad, al acusar una persecución creada “a lo largo de cuatro meses”.
Previo a su salida, Héctor Sánchez sufrió el escándalo por haber sostenido reuniones secretas con emisarios del exgobernador José Antonio Gali Fayad, además de que fue evidenciado por una mujer que denunció violencia vicaria y violación a su hija, pero que el Poder Judicial en la región de Huauchinango cambió la tipificación el delito que se le imputó al victimario y le permitió salir libre bajo caución.
El expresidente del TSJ convocó además a una reunión presencial con los magistrados del Pleno para impulsar una acción de inconstitucionalidad contra la Reforma al Poder Judicial enviada por el gobierno estatal.