“No mezclar una cosa con otra”, fue la sentencia del gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, respecto a la declaración de la alcaldesa de Izúcar de Matamoros, Irene Olea, quien tras ser denunciada por presuntamente enviar a policías municipales para amedrentar a dos reporteras se victimizó y sostuvo que, por el contrario, ella es quien ha sido presa de ataques de género por parte del exsecretario de Educación, Melitón Lozano.
El mandatario morenista dijo que la denuncia interpuesta por las hermanas reporteras Michell y Natalie Hoyos López, deberá continuar conforme a derecho y se tendrá que sancionar a quien resulte responsable derivado de las pesquisas que desarrolle la Fiscalía General del Estado (FGE).
“En el tema de las periodistas se tiene que seguir conforme a derecho y se tiene que esclarecer, ir hasta sus últimas consecuencias y si hay responsabilidades las tienen que asumir a quien le corresponda, eso es un tema muy importante y tendrá que ser lo que arrojen las investigaciones”, expresó.
Al respecto, el secretario de Gobernación estatal, Julio Huerta Gómez dijo que desde el gobierno del estado son respetuosos de la libertad de expresión y advirtió que, si las investigaciones alcanzan a cualquier persona, sin importar el cargo que ostente, se aplicará el peso de la ley.
La denuncia que presentaron las dos reporteras del portal Enlace Noticias, inclusive llamó la atención de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), instancia que a través de un comunicado informó sobre la emisión de medidas cautelares dirigidas a la presidenta municipal de Izúcar de Matamoros.
En un breve documento, detallaron que recibieron la queja por presunta violación a derechos humanos, por lo que iniciaron el expediente 1991/2023, en el que exhortaron a la edil Irene Olea a que “se abstenga de realizar actos que atenten en contra de la vida, dignidad e integridad física y/o de las periodistas”.
La CDH también emitió medidas cautelares en el sentido de que el Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros debe instruir al personal a que se sujeten a las leyes establecidas en la Constitución, respetando los derechos humanos y las garantías a ciudadanos que ahí se establecen.
El pasado 10 de marzo, dos reporteras y tres activistas del colectivo “Marea Púrpura” fueron aprehendidas por un grupo de 18 policías municipales que llegaron armados con tres patrullas y cuatro motopatrullas y que al momento de cumplir con la detención señalaron entre risas: “son órdenes de la jefa”.
Las cinco víctimas fueron llevadas a la comandancia ubicada a 15 minutos de distancia de la Presidencia Municipal y ahí fueron golpeadas, amenazadas, torturadas, recibieron tocamientos lascivos e inclusive las obligaron a hacer sentadillas con el cuerpo desnudo, además de que fueron privadas de la libertad durante más de seis horas sin poder comunicarse con sus familiares.
En un comunicado, Natalie Hoyos relató que la sospecha de que la presidenta municipal haya ordenado las vejaciones se deben a que con anterioridad denunciaron situaciones como despido de trabajadores, sobrecostos en adquisiciones y obra pública, así como el incremento en la incidencia delictiva en el municipio, por mencionar algunos de los temas más relevantes.
La divulgación de la represión vino acompañada de una solicitud de intervención al gobernador Sergio Salomón Céspedes y a la Secretaría de Seguridad Pública estatal para que exista una revisión de las pruebas de control y confianza de los policías municipales de Izúcar de Matamoros y evitar así abusos.
“Todo esto en un municipio donde hay Alerta de Género y las agresiones fueron adrede hacia mi hermana y a mí, porque somos incómodas por trabajar en medios de comunicación que han sido críticos con el gobierno municipal de Izúcar de Matamoros, en lo que se han publicado las diferentes irregularidades que se han denunciado presuntos actos de corrupción, amenazas, despidos injustificados de trabajadores, imposición, alteración de costos, falta de transparencia en la obra pública y la inseguridad en aumento en el municipio”, expuso la víctima.
