El gobierno de Puebla destapó un posible daño a las finanzas públicas por 2 mil 600 millones de pesos en el que estarían involucrados el exsecretario de Finanzas y Administración, Roberto Rivero Trewartha, y el exsubsecretario de Egresos, Eduardo Tovilla Lara, ambos durante la administración de Rafael Moreno Valle Rosas.

Derivado de un litigio se obligó a la actual administración estatal a pagar dicho monto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por una irregularidad ocasionada por una obligación fiscal que surgió en 2015, año en que asumió Roberto Rivero como titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, en lugar de Roberto Moya Clemente.

En conferencia de prensa, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina refirió que este caso “lastima e indigna”, sin embargo descartó que se afecten los proyectos programados para los dos años que restan de administración y advirtió que se llegará a sus últimas consecuencias.

“El gobierno del estado estará iniciando todas las acciones pertinentes para ver las responsabilidades que existan y de quienes en su momento resulten responsables por este tipo de omisiones que, sin duda, es un tema lamentable para el estado de Puebla”, dijo Céspedes Peregrina.

La secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, explicó que en 2015 la administración morenovallista contrató los servicios de asesoría fiscal con la firma Sistemas LAC, la cual recomendó hacer una gestión ante el SAT (Sistema de Administración Tributaria) para la devolución de impuestos de los ejercicios fiscales de 2009 y 2010.

El SAT hizo la devolución de 700 millones de pesos en dos emisiones, una parte en 2015 y otra en los primeros meses de 2016, por lo cual se pagó un bono por “caso de éxito” al despacho contratado, cuyo pago debió ser autorizado por el entonces subsecretario de Egresos.

No obstante, para 2018 tras hacer una revisión, la autoridad fiscal federal determinó que la devolución fue incorrecta, ya que ésta fue sustentada en una disposición fiscal emitida en 2008 a la que el gobierno del estado no se encontraba adherido, pues lo hizo hasta 2011.

“Al no tener la legalidad, (el SAT) lo toma como un acto de dolo y determinan un crédito fiscal, una vez que se determina el crédito fiscal por la autoridad se tiene que pagar o en su caso litigar”, indicó Castro Corro.

La administración estatal de entonces optó por la vía del litigio que inició con la cantidad de 700 millones y concluyó con una suma de mil 800 millones de pesos; no obstante, este monto incrementó a 2 mil 700 millones de pesos tras el juicio emprendido en tribunales, y el pasado 5 de abril se terminó pagando 2 mil 600 millones de pesos tras una quita o rebaja solicitada por el gobierno.

INICIA GOBIERNO INVESTIGACIONES PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADES

El gobierno que encabeza Sergio Salomón Céspedes inició una investigación para determinar responsabilidades en contra de los servidores públicos que incurrieron en omisión al no cubrir las obligaciones fiscales determinadas por el SAT.

“Evidentemente es un recurso que no estaba previsto, que genera una presión y que, en consecuencia, un acto responsable, para dar cumplimiento a las obligaciones de ley, y nos va a llevar a tener una disciplina y austeridad. En todo momento se van a cumplir con las metas y objetivos que tiene este gobierno”, puntualizó la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

El gobernador indicó que acudirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante la Federación para obtener mayores recursos que permitan continuar con los programas y metas planeadas para los próximos meses, pero descartó que éstas vayan a ser afectadas.

“Vemos con tristeza cuando no hay una responsabilidad propia y si hay un conocimiento o no de la ley, sin embargo vemos que hay acciones que generan dolo, y eso es algo que en verdad nos lastima a todos los poblanos y a todas las poblanas”, añadió.