Luego de poner al descubierto la persecución que emprendió el Ayuntamiento de Puebla contra la arquidiócesis, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que se revisará que el gobierno del panista Eduardo Rivera Pérez cumpla con la ley, pues ésta prevé un tratamiento fiscal para la Iglesia.
El mandatario lo calificó como un asunto que “mueve a la reflexión”, ya que la autoridad municipal debe observar el marco normativo para el cobro de impuestos a esa institución.
“Me sorprende que sí haya comportamientos como dispares”, dijo el gobernador; sin embargo, se reservó dar más opiniones al respecto, pues señaló que primero corroborará la información con la Arquidiócesis de Puebla.
El periodista Mario Alberto Mejía, director general de Hipócrita Lector, publicó en La Quinta Columna de este viernes que, en febrero de este año, el arzobispado pidió una prórroga al municipio para cubrir el impuesto.
Sin embargo, en respuesta, el gobierno municipal panista de la capital le requirió el pago vencido, más una cantidad importante de recargos que debía pagar, sin otorgarle un plazo adicional.
“En febrero de este año, el arzobispado pidió una prórroga en aras de poder solventar dicho impuesto. Lejos de otorgarla, el ayuntamiento envió en julio un brutal oficio en el que ya no sólo requería el pago vencido, sino que a la cuenta le sumaba onerosos recargos”, según cita la columna del pasado 13 de octubre titulada “El alcalde católico y la usura de su Ayuntamiento”.
Miguel Barbosa dijo al respecto que se revisará esta situación, pues es decisión del alcalde o de su ayuntamiento, pero básicamente del presidente municipal otorgar las prórrogas o hasta exenciones de impuestos.
“No quiero dar una opinión hasta corroborar este dato. Es decisión del alcalde o de su ayuntamiento, pero básicamente es el titular del Ejecutivo municipal en la alcaldía, quien decide o propone este tipo de prórrogas o hasta exoneraciones, y vamos a verlo”, comentó.
Sobre el tema, el artículo 53 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, señala que es una atribución del presidente municipal “omitir total o parcialmente el ejercicio de sus facultades recaudatorias, por medio de resoluciones de carácter general, sea a través de condonaciones, eximentes o pagos diferidos, a plazos o en parcialidades, a aquellos contribuyentes cuya situación económica les impida cumplir con sus obligaciones”, según señala dicho ordenamiento.
Sin embargo, aunque el arzobispado no pretende eludir la responsabilidad de pagar el impuesto predial, a través de una exención de pago o condonación como lo advirtió el quintacolumnista, el Ayuntamiento de Puebla presuntamente decidió iniciar una persecución por falta de pago.
De acuerdo con información proporcionada a Periódico Central en junio de este año, más de 200 mil poblanos deben el predial, lo cual representa una cartera vencida de más de mil 500 millones de pesos.
Según las cifras, poco más de la mitad -56 por ciento- de los poblanos cumple con su obligación anual de pagar el predial y servicio de limpia, mientras que la otra parte, que equivale a 209 mil 473 cuentas de predial, adeudan este impuesto municipal.
Pero el ayuntamiento que encabeza Eduardo Rivera ya había adelantado sus intenciones de ir contra los morosos, al anunciar el pasado 23 de junio que iniciaría embargos contra los titulares de las cuentas que representan adeudos importantes. La encargada de dicho anuncio fue la titular de la Tesorería Municipal, María Isabel García.
