En una acción coordinada entre la MARINA, SEDENA, Policía Estatal y Policía Municipal, se desinstalaron 89 equipos de videovigilancia que operaban de forma no autorizada en diferentes puntos del municipio. Los dispositivos estaban colocados en infraestructura gubernamental federal y estatal sin permisos correspondientes.
Las cámaras desinstaladas violaban múltiples normativas, incluyendo la Ley Federal de Protección de Datos Personales, la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y disposiciones de la Ley Orgánica Municipal. También afectaban la competencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al instalarse en su infraestructura sin autorización.
De acuerdo con autoridades, estos sistemas de videovigilancia promovían acciones ilegales, al operar fuera del marco jurídico correspondiente. Se presume que algunos de estos equipos podrían haber sido utilizados por grupos delictivos para monitorear movimientos de fuerzas de seguridad, facilitando delitos como el narcotráfico, secuestro y extorsión.
Estas acciones se enmarcan dentro de los operativos permanentes de seguridad desplegados por las autoridades federales, con el objetivo de preservar la legalidad, proteger la privacidad de los ciudadanos y garantizar el uso adecuado del espacio público.
La autoridad hizo un llamado a la ciudadanía y a los sectores privados a evitar la instalación de equipos sin autorización, ya que su uso indebido pone en riesgo tanto la seguridad pública como la privacidad de la población.
