Durante el primer trimestre de 2025, Puebla recibió 789.4 millones de dólares en remesas, lo que representa un incremento del 8.7 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la cifra alcanzó los 726.2 millones. Este crecimiento no solo consolida a la entidad como uno de los principales receptores de remesas en México, sino que marca el mayor monto registrado para un primer trimestre desde 2004.
Las remesas continúan siendo un pilar clave de la economía poblana, especialmente en un contexto de tensiones migratorias y nuevas propuestas legislativas en Estados Unidos que podrían afectar directamente a quienes envían y reciben estos recursos.
En este sentido, una propuesta aprobada recientemente por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes estadounidense ha encendido las alertas. Se trata de una iniciativa promovida por legisladores republicanos que contempla imponer un impuesto del 5 % a las remesas enviadas al extranjero. La medida forma parte del paquete fiscal del presidente Donald Trump y, de implementarse, afectaría a más de 40 millones de personas, incluidos residentes legales y portadores de visas temporales.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó la iniciativa como una “injusticia” y manifestó su preocupación por las repercusiones que podría tener para millones de familias mexicanas que dependen de estos envíos como sustento cotidiano.
En el caso específico de Puebla, se estima que alrededor de 3.5 millones de poblanos radican en Estados Unidos, con importantes comunidades en estados como Nueva York y Nueva Jersey. De ellos, aproximadamente 1.2 millones serían migrantes indocumentados, lo que los coloca en una situación particularmente vulnerable ante políticas fiscales o migratorias restrictivas.
La aplicación de un impuesto del 5 % no solo disminuiría el monto que llega a las familias receptoras en México, sino que también podría fomentar el uso de canales informales para el envío de dinero, con los riesgos de seguridad y legalidad que ello implica. Además, impactaría directamente en rubros esenciales como la alimentación, la educación y la atención médica de miles de hogares poblanos.
La posible imposición de este gravamen plantea un desafío urgente que exige la atención de las autoridades mexicanas y de las organizaciones que acompañan a la comunidad migrante. Su labor será clave para defender los derechos de quienes sostienen, desde el extranjero, a buena parte del tejido social y económico del estado.
