Cuando la noticia se dio a conocer el 23 de octubre de 2020, Francisco Romero Serrano estaba lejos de imaginar que estaba frente a un escándalo que iniciaría la debacle de su carrera al frente de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Una investigación del diario Milenio reveló que el funcionario estaba siendo investigado por una red de moches, a través de despachos auditores externos.
Los datos duros evidenciaron que de las 82 firmas que integraban el Padrón de Auditores Externos -avalado por la ASE- sólo nueve habían acaparado los servicios de 42 entes públicos, por los que recibieron 43.1 millones de pesos. La trama consistía en que, a cambio de imponerlos, Romero Serrano habría recibido 6.8 millones a cambio, es decir, un moche del 20 por ciento.
Los meses pasaron, el escándalo menguó, pero otros más llevarían al titular de la ASE a ser detenido y vinculado a proceso por violencia intrafamiliar y uso de recursos de procedencia ilícita.
¿Qué fue de la red de nueve auditores que aparecieron en la trama? Pues que algunos de ellos formaban parte del Cartel Administrativo que operaba en la gestión de Claudia Rivera Vivanco.
Y uno más, Miguel Castillo Castillo, está justo ahora en el ojo del huracán porque simplemente desapareció. El Ayuntamiento de Zacatlán fue el encargado de revelar que el auditor externo no sólo se ha negado a entregar la documentación oficial sobre el análisis de la finanzas públicas del exalcalde Luis Márquez Lecona sino que al irlo a buscar al domicilio fiscal que tenía reportado, no hallaron rastros de la oficina o del sujeto.
El caso no es menor. La actual gestión del edil José Luis Márquez Martínez encontró, a través de la Comisión de Entrega-Recepción de Zacatlán, un posible daño patrimonial de 128 millones de pesos, siendo las adjudicaciones y obra pública las áreas con los peores comportamientos.
El amigo del Caribe
Miguel Ángel Castillo es un contador originario de Quintana Roo. Actualmente es el vicepresidente fiscal del Colegio de Contadores Públicos de ese estado del caribe mexicano. ¿Cómo es que el sujeto aterrizó en Puebla? Porque Francisco Romero Serrano es su compañero de colegio.
En junio de 2021, la reportera Elena Domínguez dio a conocer que al llegar a la ASE, el exfuncionario llevó a cabo una limpia al Padrón de Auditores Externos e incluyó nuevos candados para evitar el reingreso de varios. Sin embargo, esas reglas -principalmente tener el uso de suelo y licencia comercial- no lo cumplió con cinco despachos, encabezados por amigos suyos, entre ellos Castillo Castillo.
“Entre las empresas beneficiadas a inicios del 2020 se encuentran los quintanarroenses José Maximino Muñoz Lara y Miguel Ángel Castillo Castillo, amigos personales del titular de la ASE, y quienes además reportan el mismo domicilio fiscal en Puebla, pero que colocaron como sus teléfonos de contacto los de Quintana Roo”, asienta el reportaje.
Líneas más adelante, abundó: “José Maximino Muñoz Lara y Miguel Ángel Castillo Castillo, ambos de Quintana Roo, obtuvieron su registro como auditores externos pese a que sus direcciones señaladas en la colonia San José Mayorazgo, de la ciudad de Puebla, no cuentan con licencia de funcionamiento ni uso de suelo”.
La situación es peor debido a que las oficinas que Miguel Ángel Castillo reportó como domicilio fiscal no existen y porque fue contratado por el ayuntamiento de Zacatlán, periodo 2019-2021, para llevar a cabo la auditoría externa a la cuenta pública.
El actual edil de Zacatlán, José Luis Márquez Martínez, reveló que desde el finales de 2021, el auditor externo se ha negado a entregar el dictamen sobre el estado en el que dejó las finanzas del municipio el exedil priista, por lo que iniciaran un procedimiento administrativo para fincar responsabilidades en su contra.
“Es un auditor externo de los que impuso el auditor del estado y también iniciaremos un procedimiento porque no lo encontramos ya que no se encuentra en el domicilio qué es su despacho y desconocemos si está en otra parte, pero eso lo vamos a notificar”, aseveró.
Márquez Martínez, además, expuso que la dirección que Castillo Castillo reportó como su domicilio fiscal, en el sur de la ciudad de Puebla, es una fachada: en esa dirección hay una tienda de abarrotes y una casa abandonada.
¿Por qué es importante encontrar al auditor externo? Porque la Comisión de Entrega-Recepción emitió 562 observaciones por el uso de recursos de Márquez Lecona y que concluyeron en un daño patrimonial de 128 millones 573 mil 029 pesos, situación por lo que dieron vista a la Auditoría Superior del Estado y al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para que inicien el procedimiento administrativo.
El dictamen aprobado por el Cabildo de Zacatlán, estableció que de las 562 observaciones solo fueron solventadas 25, es decir, el incumplimiento fue del 96 por ciento. De ese volumen, 116 fueron consideradas graves y aglutinaron los 128.5 millones que se presume quebrantaron a la tesorería municipal.
Según el informe, el principal foco de anomalías fue la Dirección de Administración, la cual acumuló 86 observaciones graves por un monto de 69 millones 816 mil 032 pesos. En el desconcentrado se asienta que las anomalías más importantes estuvieron en la adjudicación de contratos por 55.5 millones, seguidos por la deficiencias en el área de Bienes Muebles, por 1.9 millones, así como por la adquisición de combustibles y el uso de los recursos del Convenio de Seguridad Pública, que ascendieron a 1.3 y 1 millón, respectivamente.
Respecto a la Dirección de Obras Públicas, el Ayuntamiento de Zacatlán realizó 27 observaciones a la pasada administración priista por un monto de 58 millones 531 mil 962 pesos.
En la inspección física de obras públicas correspondientes al 2021 se realizaron 19 observaciones por un monto de 40 millones 075 mil 660 pesos; mientras que en las inspecciones de trabajos del 2020 se hicieron siete observaciones por 18 millones 456 mil 301 pesos.
El auditor estrella
Otro de los presuntos involucrados en el grupo de auditores consentidos de Francisco Romero Serrano es Juan Maldonado Calderón. En marzo de 2021, quien esto escribe, publicó en ContraRéplica Puebla un extenso reportaje de lo que se llamaría el Cártel Administrativo. El papel que desempeñaba el auditor externo era crucial:
“En un hecho inédito, el Sistema DIF municipal y el Comité Municipal de adjudicaciones utilizaron a las empresas Maldonado-Jurado Asociados, Prorefin SC y José Carlos Góngora Gutiérrez para celebrar la adjudicación de millonarios contratos por invitación. Las dos primeras acaparan desde el morenovallismo los servicios de auditoría externa para el ayuntamiento de Puebla y sus organismos descentralizados.
“Peor aún, los involucrados tienen sospechas de corrupción, eran prominentes integrantes del morenovallismo, tienen vínculos afectivos de pareja y hasta una de ellas está señalada por firmar un contrato para la renta de un inmueble que habría servido como centro de espionaje”.
El reportaje agrega: “Las empresas auditoras Maldonado-Jurado y Prorefin son un caso muy especial en cuanto a los servicios que ofrecen en el ayuntamiento de Puebla e incluye una sincronización de contratos que han obtenido desde 2014 por parte de entes y dependencias municipales. En algunos casos, prácticamente han acaparado la prestación de los servicios.
“Maldonado-Jurado, por ejemplo, fue responsable de la auditoría externa 2014 de todo el ayuntamiento de Puebla, en ese entonces comandado por José Antonio Gali Fayad”.
