El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, cayó en un doble discurso al respaldar la revisión de la Auditoría Superior del Estado (ASE) a las finanzas del segundo año de gestión de la morenista Claudia Rivera Vivanco, pero, por otro lado, haber votado en favor de su Cuenta Pública de 2021.
Tras darse a conocer que la exalcaldesa pudo haber provocado un daño patrimonial a la hacienda pública del municipio por más de 822 millones de pesos y que 198 observaciones no fueron solventadas por la gestión anterior, el panista exigió a la Auditoría de Puebla investigar dichas anomalías e inclusive aplicar sanciones en caso de detectarse.
“Que la auditoría investigue, resuelva y sancione; por supuesto, si hay situaciones qué investigar y sancionar, hay que hacerlo y esa es competencia de la Auditoría Superior del Estado. El proceso que sigue el ayuntamiento es paralelo, que seguirá también llevando lo subsecuente, no ha terminado, no ha concluido y seguirá su marcha como nosotros ya lo anunciamos en los siguiente meses”, apuntó.
Lo que omitió señalar es que, en abril pasado, el Cabildo de Puebla avaló con la venia del munícipe la Cuenta Pública del último año de gestión de su antecesora, sin mencionar nada sobre las más de 2 mil inconsistencias del proceso entrega-recepción que había señalado previamente.
A decir de Rivera Pérez, el Ayuntamiento de Puebla mantiene un proceso de investigación al ejercicio de los recursos de la administración pasada paralelo a las diligencias que tiene sobre la mesa la Auditoría Superior del Estado.
A la par, indicó que el proceso de entrega-recepción todavía no concluye y que desde la contraloría no se puede ventilar lo que han encontrado en las cuentas públicas de la gestión morenista.
No obstante, el alcalde ya perdonó a la morenista en una ocasión al avalar los estados financieros, estados presupuestales, estados financieros consolidados, relación de bienes que componen el patrimonio, ingresos presupuestarios y contables; programas y proyectos de inversión; indicadores de resultados, relación de cuentas bancarias e información complementaria del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021; es decir, 10 meses y medio de la administración de Claudia Rivera y el resto de Eduardo Rivera Pérez.
Con este aval, la administración panista evitó señalar observaciones que tanto denunciaron meses atrás: un déficit financiero de 21.6 millones de pesos, un desfalco de 41 millones de pesos del fondo de contingencias, además de contratos de obra pública y servicios con irregularidades en su adjudicación, lo que se sintetizó en 2 mil 086 irregularidades del proceso entrega-recepción.
Fue hasta que el gobernador Miguel Barbosa Huerta reprendió al alcalde por el “perdón y olvido” a la administración anterior, cuando Eduardo Rivera anunció el inicio de 200 procedimientos y la comparecencia de 45 exfuncionarios morenistas para que aclararan las presuntas anomalías encontradas.
Pero la noticia vino acompañado de la victimización, al acusar que la información había sido utilizada para “echarlo a pelear” con el mandatario estatal, aun cuando en otros municipios, como San Pedro Cholula, quedó de evidencia que se podía votar en favor la Cuenta Pública en lo general y reservar el voto en contra de los asuntos particulares.
“La cuenta pública de un gobierno de la ciudad es una cuenta pública anual, del ejercicio fiscal del año completo, no se puede aprobar en el Cabildo enero y febrero sí, marzo y abril no, mayo y junio no, eso no se puede, o la apruebas o la desechas y si yo entré como gobernante de la ciudad el año pasado, no me puedo rechazar mi cuenta pública, por el amor de dios”, justificó el edil en abril de este año.
