En Puebla se mantendrá una oficina auxiliar de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y junto con Oaxaca y Tlaxcala se implementará una estrategia para abatir el rezago de expedientes, con la finalidad levantar el plantón de abogados laboristas que cumple tres meses en la entidad.
Así lo informó el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, quien reveló que en días pasados se alcanzó un acuerdo con los abogados litigantes para que no se tengan que trasladar a Oaxaca a dar seguimiento a los asuntos.
En Puebla se quedará una oficina auxiliar para desahogar los casos en curso, mientras que el 20 por ciento de los aproximadamente 10 mil asuntos serían traslados a Oaxaca, sin que ello implique la presencia física de los litigantes ni de las partes, pues únicamente sería “una maquila de los procesos legales”.
Mientras que en Tlaxcala se llevarían a cabo el resto de las funciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para que con ello se despresurice la operación de la oficina principal entre las tres entidades.
“Oaxaca maquila asuntos, Puebla sigue tramitando los que estén en desarrollo y Tlaxcala podría empezar a captar los nuevos que empiecen a llegar, ese es un poco el acuerdo general que se dará a conocer de manera oficial en los próximos días”.
Dijo que bajo este esquema se podrían comenzar a liberar los más de 10 mil asuntos que se tienen rezagados en la entidad, aunque con la llegada de la nueva administración federal la Secretaría de Trabajo y Previsión Social podría tomar otra decisión.
En tanto, Aquino Limón indicó que como parte de los acuerdos tomados con la dependencia federal y los inconformes se levantará el plantón que iniciaron hace tres meses abogados laborales en las oficinas de la 31 Poniente.
“Logramos un acuerdo ahorita por lo importante que es el que los temas estén en litigio y estén paralizados, no queremos que eso suceda y esto se active”, indicó.
La principal inconformidad de los abogados era que al enviar los más de 10 mil expedientes de trabajadores poblanos a otras entidades como Oaxaca y Tlaxcala se retrasarían los juicios laborales y afectará la economía de las personas que laboran en la junta, incluso personas cuya movilidad se les dificulta.
En algunos casos los litigantes tendrían que desembolsar cerca de 4 mil pesos para trasladarse a otros estados para dar seguimiento a sus asuntos, la mayoría de los cuales están relacionados con pensiones o jubilaciones.
