En el viejo sistema de poder, un político era el que gozaba de la protección y complicidad de las instituciones frente a cualquier amenaza.
Pero en Puebla, José Arturo Rueda Sánchez de la Vega, con el apoyo del morenogalismo, demostró que el ser director de medio de comunicación, vinculado al grupo político de Ignacio Mier Velazco y Enrique Doger Guerrero, podía ser el que tuviera la protección y complicidad de las instituciones.
Y esa protección no se basó en una lucha por la libertad de expresión sino en el encubrimiento sostenido por siete años en el que el priista Jorge Estefan Chidiac tuvo que remar a contracorriente para hacer valer su derecho de justicia ante la extorsión del columnista que quedó grabada para la posteridad.
Dos veces archivaron la denuncia y dos veces fue reabierta.
A siete años de iniciado el primer procedimiento para sancionar a Arturo Rueda por sus fechorías, el director de Diario Cambio fue preso justo por ese mismo encubrimiento.
Jorge Estefan lo explica de manera magistral: La Fiscalía General del Estado, que era encabezada por Víctor Antonio Carrancá Bourguet, lo inundó de peticiones y requerimientos con la finalidad de convertir su denuncia en un tortuoso camino que lo hiciera desistirse o, en el caso previsto, archivar la carpeta.
El coordinador del PRI en el Congreso del estado aguardó pacientemente. No se amilanó y, junto con su abogado, solventaron una a una las peticiones.
Eso permitió que la investigación fuera lo suficientemente robusta para que se echara abajo la decisión del Ministerio Público de archivarla en dos ocasiones.
En ambas resoluciones, la autoridad ministerial adujo “atipicidad” para no ejercer la acción penal contra Rueda.
Sin embargo, en ese momento hubo un hecho en que ninguno de los encubridores ni el mismo Rueda cayeron en cuenta: Con los exagerados y disparatados requerimientos, la carpeta obtuvo tal nivel de integración que ahora será prácticamente imposible echarla abajo.
“Es una investigación a prueba de balas”, resume Estefan.
Y sí, es por eso que la Fiscalía General del Estado optó por judicializar el caso que data de hace siete años y obtener una orden de aprehensión por el delito de extorsión.
El panorama del columnista es todavía peor.
En breve se le notificaran dos denuncias más:
Una por extorsión, presentada por el senador Alejandro Armenta Mier.
Y, la joya de la corona: la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera que detectó lavado de dinero y evasión fiscal para blanquear 427 millones de pesos a través de 32 empresas, entre ellas Multisistema de Noticias Cambio.
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“Durante siete años he sufrido el hostigamiento de Jorge Estefan Chidiac”, publicó Arturo Rueda horas antes de que fuera capturado el sábado pasado.
El tuit lo difundió en un intento desesperado por montarse en el asesinato de la abogada Cecilia Monzón, ocurrido la mañana del sábado en el municipio de San Pedro Cholula, y así desviar la atención sobre la investigación de lavado de dinero y dos denuncias por extorsión que sumaron en su contra en menos de cinco días.
¿Hostigamiento hacia Rueda? Al hacer un repaso a los diferentes documentos que integran la carpeta de investigación es ridículo creer que lo hubo.
Más aún, si existió un acto de presión por parte del MP o alguna autoridad fue en contra Jorge Estefan Chidiac.
Y a eso, el propio priista sumó la confabulación del morenovallismo para salvar el pellejo del columnista a cambio de atacar a la candidata priista de 2016 y al candidato morenista de 2018.
Las presiones contra Estefan y la extorsión ocurrieron cuando era candidato del PRI a la diputación federal por Izúcar de Matamoros. Pese a la difusión de las grabaciones, ganó la elección.
Pero la guerra apenas estaba por comenzar. En 2016 se alistaba una elección local para elegir a un gobernador por 18 meses debido a que la ley electoral fue adecuada para empatar los comicios estatales con los federales. Jorge Estefan, a la sazón de líder estatal del PRI, tenía la difícil tarea de enfrentar al morenovallismo en el pleno que pretendía dejar en Casa Puebla a José Antonio Gali Fayad.
Fue, entonces, cuando Ignacio Mier Velazco, socio de Arturo Rueda en Multisistemas de Noticias Cambio -investigada por lavado de dinero y evasión fiscal por 427 millones de pesos- pactaron la exoneración del columnista a cambio de que comenzara una campaña de ataques, desinformación y hasta golpeteo mediático contra Blanca Alcalá Ruiz, candidata del PRI a la gubernatura.
La muestra de que el compromiso sería cumplido fue que el 29 de enero de 2016, el MP misteriosamente determinó el no ejercicio de la acción penal, en la averiguación previa PGJP/DGADAI/AP/32/2015.
En plena campaña a la gubernatura, Jorge Estefan tuvo que atender la acción de las autoridades y logró que el 28 de julio de ese mismo año, la Dirección General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, echara abajo la decisión del MP y reactivara la denuncia.
Los meses pasaron y la entidad nuevamente estuvo sumida en un proceso electoral, nada más que en esta ocasión, tanto Ignacio Mier como Arturo Rueda pactaron con el morenovallismo apoyar a la candidata Martha Erika Alonso Hidalgo hasta las últimas consecuencias.
Eso derivó en que el 28 de marzo del año 2017, de nueva cuenta, la autoridad ministerial determinara el no ejercicio de la acción penal. El 11 de abril siguiente, el priista presentó otro recurso de inconformidad y lo ganó el 2 de octubre de 2017.
Cada uno de esos procesos, refirió Jorge Estefan, fueron acompañados de más y más procedimientos, pruebas, estudios, peritajes, entre otros.
El 28 de febrero de 2018, el Ministerio Público recibió los dictámenes periciales en Criminología y Psicología, de los cuales “se advierte que se encuentran acreditados los elementos del tipo penal, así como, diversos aspectos que hacen patente las características psicológicas y criminológicas del imputado”.
Eso significaba que la carpeta estaba lista para judicializarse y se girara la orden de aprehensión.
Siete años después, Jorge Estefan entró a la etapa de la justicia.
Mesurado y reflexivo, asegura que las autoridades judiciales tienen todo para comprobar la extorsión.
La sentencia, dijo, es básica.
Eso romperá de una vez para siempre la línea paralela creada por los morenovallistas para que un director de medios de comunicación, ligado a un grupo político local, gozara de la complicidad y protección de las instituciones para salirse con la suya.
El mundo al revés debe ser eliminado.
BITÁCORA DE LA INVESTIGACIÓN
- 2015
-2 de agosto
Se radicó la Averiguación Previa PGJP/DGADAI/AP/32/2015.
- 2016
-29 de enero
La autoridad ministerial determinó el no ejercicio de la acción penal, en contra de José Arturo Rueda Sánchez de la Vega.
-7 de abril
Se presenta recurso de inconformidad, en contra de dicha determinación.
-28 de julio
La Dirección General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos, de la Fiscalía General de Puebla, no autoriza la determinación de inejercicio de la acción penal, emitida por el Ministerio Público.
- 2017
-28 de marzo
De nueva cuenta, la autoridad ministerial determina el no ejercicio de la acción penal, en contra de José Arturo Rueda Sánchez de la Vega.
-11 de abril
Se presenta recurso de inconformidad, en contra de dicha determinación.
-2 de octubre
La Dirección General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos, de la Fiscalía General de Puebla, no autoriza la determinación de inejercicio de la acción penal, emitida por el ministerio público y le requiere para recabar diversos medios de prueba (testimoniales y dictamen en criminología).
- 2018
-28 de febrero
Se presentó ante la autoridad ministerial, Dictamen Pericial en Criminología y Psicología, del cual se advierte que se encuentran acreditados los elementos del tipo penal, así como diversos aspectos que hacen patente las características psicológicas y criminológicas del imputado.
-2 de marzo
Se solicitó a la autoridad ministerial que se consignara ante la autoridad judicial dicha averiguación
- 2019
-24 de enero
Se solicitó a la autoridad ministerial que se consignara ante la autoridad judicial dicha averiguación previa y se ejercitara acción penal en contra del indiciado.
- 2021
-28 de octubre
Se solicitó a la autoridad ministerial que se consignara ante la autoridad judicial dicha averiguación previa y se ejercitara acción penal en contra del indiciado.
-22 de noviembre
El ministerio público informa al agraviado que, la indagatoria se encuentra en estudio y análisis, para emitir la determinación correspondiente.
